Una huelga une a carceleros y presos colombianos en el mismo lado de la celda

Una huelga indefinida de funcionarios de prisiones une a carceleros y presos de Colombia en el mismo lado de la celda, pues comparten la exigencia de mejora de sus condiciones de vida en las prisiones del país, donde imperan el hacinamiento y la "indignidad".

No ha habido una gota que colmara el vaso de los guardianes, pues hace ya años que rebosa con los continuos desplantes que aseguran sufrir, primero por los 16 años que llevan sin experimentar una subida de salario y después por el déficit de personal que padecen.

"Nos unimos a la causa porque consideramos que la lucha es justa, y seguiremos de forma indefinida hasta conseguir un compromiso del Gobierno", aseguró a Efe Nelson Barrera, presidente del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios (SEUP).

El descontento latente terminó en un estallido el pasado jueves, cuando el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) anunció que el flujo de traslados en las prisiones llegaba a su fin después de que lo prometido por el Gobierno en mayo en cuanto a mejora de condiciones no se haya cumplido.

Ya no se traslada a los presos a dependencias judiciales o se permite la entrada de familiares o abogados de visita; de hecho, solo por razones médicas urgentes se procede al movimiento de presos.

Desde el jueves, a los inicialmente 1.000 carceleros en huelga se han sumado los de las cárceles de Cartagena y otras ciudades, si bien continúan siendo minoría con respecto a los 12.000 guardianes que hay en Colombia.

"Estamos viendo bodegas de hombres que no tienen programas de reintegración en la sociedad, a los que simplemente se les mantiene alejados de sus familias en condiciones de indignidad, de hacinamiento", denunció Barrera, cuyo sindicato aglutina a 1.500 guardianes.

La suya es una de las asociaciones que apoya totalmente la protesta, pero quien ofrece las cifras de la indignación es la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), que representa a casi 5.000 guardianes y que, pese a ser la mayor asociación, no se ha unido a la huelga.

"Somos conscientes de que tenemos un nuevo ministro de Justicia, y consideramos que podemos negociar", explicó a Efe Wilmer Rodríguez, de la junta directiva de la UTP.

Según este sindicato, de las 137 cárceles de Colombia, 130 sufren hacinamiento; el exceso de capacidad ronda el 54 por ciento de media, pero en algunos casos, como el de Cartagena, la sobrepoblación es del 110 por ciento.

"Además, tenemos un déficit de unos 8.000 guardianes y 5.000 trabajadores administrativos, con el resultado de que, por cada carcelero, tenemos 10 presos", calculó Rodríguez.

La huelga comenzó el jueves, pero desde el 10 de agosto aplican el "Plan Reglamento"que consiste en no admitir a un preso más.

Con las puertas cerradas, las autoridades acumulan a los detenidos en las Unidades de Reacción Inmediata (URI), centros primarios que anteceden a las prisiones y que dependen de la Fiscalía.

"Las URI tienen que ser una sala de paso, pero ahora son una parada larga, y el resultado es que, al no poder ingresar a los detenidos, estamos generando otro hacinamiento pero fuera de las cárceles", comentó Carmen Torres, directora de la Fiscalía de Cundinamarca, donde se encuentra Bogotá.

Las consecuencias ya se están viendo en la capital colombiana, donde ni siquiera hay sitio en las URI y se lleva a los detenidos a tiendas de campaña en parques del extrarradio.

"Aquí tenemos entre 10 y 15 detenidos que llevan diez días. Sus familiares van y vienen con comida a cualquier hora, porque como esto es un parque público no podemos restringir el acceso", dijo a Efe uno de los policías que custodian a estos hacinados en la localidad de Engativá.

Los carceleros aseguran que el Gobierno se comprometió a cuatro acuerdos básicos para mejorar sus condiciones que no ha cumplido, y que se fundamentaban en el no despido de más compañeros y la equiparación de su salario a la subida anual del IPC.

Para la próxima semana esperan más adhesiones y anuncian que, además de cerrar las puertas de forma indefinida, también podrían dejar de hacer sus funciones si no son escuchados.

Por parte de la Fiscalía esperan que el conflicto "se resuelva pronto"y niegan haber tenido contacto con el sindicato mayoritario, la UTP, para ofrecerles beneficios a cambio de que no se unan a la protesta, tal y como aseguran conocer desde la SEUP.

Mientras, la relación entre agentes y presos sigue "normal", y aunque los carceleros en huelga reconocen que si "ganan esta lucha trabajadora"repercutirá en un beneficio a los reos, prefieren que éstos se mantengan al margen.

"No queremos que los internos se vean afectados por esta situación y que la protesta les lleve a hacer algo ilegal", subrayó Barrera.