La prostitución divide a los franceses

La nueva ley que penaliza a los clientes enciende el debate entre los partidarios de abolirla y los defensores de la no intervención del Estado

Tan viejo como el inmemorial oficio de la prostitución es el debate sobre su legalización, tolerancia, abolición o incluso prohibición. En Francia llevan planteándoselo durante décadas, llegando a pasar de una posición reglamentista –fueron pioneros en ordenar la prostitución en burdeles en el siglo XIX y la inscripción de las profesionales– a adoptar una postura abolicionista a mediados del XX con el cierre de los lupanares.

Esa misma postura, que algunos consideran paso previo a la prohibición de un fenómeno de alto voltaje social y que trasciende colores políticos, es la que la Francia del siglo XXI sigue manteniendo. Aunque el debate no está resuelto. Ni la ley recién aprobada por los diputados galos que penaliza a los clientes de la prostitución (con una multa de 1.500 euros y hasta 3.750 si son reincidentes) ha conseguido aplacar los encendidos ánimos de partidarios y detractores. Porque si en el hemiciclo las asperezas han sido fácilmente limadas y un cierto consenso posible para sacar adelante un texto que, por primera vez, hace de la prostituta una víctima y del cliente, el responsable del dramático fenómeno de la prostitución; en la calle la brecha es más grande. Y no sólo porque la mayoría de la opinión pública –casi siete de cada diez– crea que criminalizar al «comprador de actos sexuales» y multarle no es la solución, sino porque incluso dentro de movimientos progresistas, con «adn» feminista y hermanos del Partido Socialista, estiman que la ley es «inapropiada», «ineficaz» y no va al corazón del problema: el proxenetismo y la trata ilegal.

¿Quién manda en el sexo?

Es de hecho lo que piensan en Europe-Ecologie (EELV), los socios verdes del Ejecutivo de François Hollande, cuyo grupo parlamentario votó este miércoles mayoritariamente en contra. Consideran que la ley mezcla el problema de las redes y la venta de un servicio sexual, y «eso no es un verdadero debate», lamentaba Barbara Pompili, copresidenta del grupo EELV. Como muchas asociaciones de protección y asistencia de las prostitutas, temen que la sobrevigilancia del cliente las empuje a una mayor marginalidad. La futura normativa, que aún tiene que ser votada en el Senado, desplaza la carga de la culpa, de la prostituta, que con la ley de 2003 era perseguida por un delito de «captación» en la calle, al consumidor de esos servicios. En cualquier caso, ambas leyes no harán, según estos colectivos, sino fragilizar aún más a la mujer que se prostituye, sea independiente o bajo el yugo de un proxeneta.

«Penalizar a los clientes de la prostitución es un pasaporte para la clandestinidad», publicaban a en noviembre organizaciones como Médicos de Mundo, Act Up-Paris, Planning Familial y Aides, convencidos de que esta medida represiva esconde «una auténtica regresión social». Las propias «profesionales» se alzan en contra. Las que pueden hacerlo, claro. De las 40.000 prostitutas estimadas en Francia, un 90% estarían forzadas frente al 10% de las llamadas «tradicionales», y por tanto independientes. Como el sindicato del trabajo sexual, Strass, que denuncia el «enfoque ideológico» de una ley obra «de las elites burguesas para garantizar su posición dictando a las minorías, a las personas estigmatizadas y vulnerables qué conducta adoptar para ser dignos de su pseudo-caridad». «El Estado no tiene por qué legislar sobre la actividad sexual», clamaba Alain Tourret, retomando las declaraciones de Elisabeth Badinter, una de las sociólogas de referencia en materia de libertad sexual.

Sin «avalar la prostitución», personalidades como la actriz Catherine Deneuve o el cantante Charles Aznavour suscribían también una petición para un «verdadero debate sin prejuicios ideológicos». Un texto que nada tenía que ver con el polémico manifiesto de los «343 cabrones» –en desafortunada referencia al manifiesto de las 343 defensoras del aborto en 1971, convertido en un símbolo de ese combate–, rubricado por populares nombres de la cultura y pseudo-intelectuales, y titulado «No toques a mi puta». Reivindicaban el derecho de las mujeres de «vender libremente sus encantos» y el de ellos de recurrir a esos servicios.

Frente a este clima de oposición y a la cuestión de legislar fenómenos sociales tan arraigados, el Gobierno ha optado por el perfil bajo. Después de proclamar como su primer objetivo «ver la prostitución desaparecer», la ministra Najat Vallaud-Belkacem, abolicionista, ha acabado dejando en manos de la iniciativa parlamentaria la promoción de esta ley que crea muchos escépticos sobre su eficacia para erradicar la prostitución y ofrecer a esas mujeres la posibilidad de reconvertirse y reinsertarse en la sociedad.

SUECIA, UN MODELO CUESTIONADO

Es abiertamente el modelo en que el Gobierno galo dice haberse inspirado para, con el tiempo, desterrar la prostitución. Pero los resultados de la normativa sueca, que desde 1999 castiga al cliente hasta con seis meses de cárcel y una multa según sus ingresos, son limitados. Si bien ha conseguido reducir a la mitad las prostitutas callejeras, el fenómeno no ha desaparecido. La prostitución en Internet ha crecido exponencial-mente, dificultando la labor a la Policía, mientras que muchas prostitutas han tenido que abandonar las calles para ejercer sus servicios en barcos al borde de la frontera marítima sueca arrastradas por grupos mafiosos como Hell Angels y redes del Este de Europa.