Silencio: prohibido preguntar

La presión de los gobiernos de los Kirchner es cada vez más fuerte

En 10 años de kirchnerismo, el periodismo argentino se ha tenido que enfrentar con una creciente acción confrontativa por parte del poder político, que ha ido del apriete silencioso y sutil en los albores del mandato de Néstor Kirchner (2003-2007) a una batalla cada vez más virulenta en los dos períodos de Cristina Fernández (2007-2011 y el actual 2011-2015), en la que cada vez es más difícil para medios y periodistas salir de la encrucijada que propone la lógica de la polarización amigo-enemigo o aliado-opositor. Los periodistas argentinos nos encontramos atravesados por distintas sensaciones y tensiones que complican el ejercicio de nuestra labor: escenarios de agresiones (verbales y físicas), restricciones inconstitucionales al ejercicio profesional: no poder hacer preguntas ni buscar respuetas.

Kirchner asumió la presidencia el 25 de mayo de 2003, luego de salir segundo en la primera vuelta de las elecciones de ese mismo año. Con un magro 22% de los votos, un ignoto llegado del sur argentino comenzó a transitar sus primeros pasos en un país que recién empezaba a salir de la tremenda crisis social, política y económica del bienio 2001-2002. De inmediato, Kirchner se abocó a lograr consensos políticos, alianzas y pactos con diversos sectores de la sociedad, lo cual implicó medidas drásticas para intentar salir de la crisis económica. En la faz institucional, buscó impactar positivamente en la población. Entre otras medidas, propuso renovar la Corte Suprema de Justicia mediante un procedimiento transparente y participativo, aprobó un decreto-ley de acceso a la información que dio pie a una política activa en la materia mostrando un camino inédito a la transparencia del estado en la Argentina, y comenzó a plantear la necesidad de que la verdad y la justicia acabaran con la espiral de impunidad de los delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura de 1976 a 1983.

En esos primeros momentos, y luego de una crisis tan severa como la que padeció argentina a comienzos del nuevo milenio, el rol de la prensa fue entre pasivo y componedor, a tono con un espíritu de época. Sin embargo, al poco tiempo, comenzaron a surgir las primeras denuncias de «aprietes» sutiles y del manejo discrecional de la pauta publicitaria oficial.

Esa impostura, que al comienzo denunciaban muy pocos medios y periodistas, se impuso como dogma una vez que el kirchnerismo logró obtener un segundo mandato en 2007, con la elección ganada por un amplio margen por Cristina Fernández, y que hoy en día está marcado por la polarización política. Un abismo al que no pocos medios y periodistas también han contribuido, aceptando –equivocadamente– en ocasiones jugar un papel político o un rol partidista que excede lo profesional.

En la actualidad, una serie de problemáticas estructurales son las que enmarcan la relación entre gobierno y medios, afectan gravemente a la tarea de los periodistas y por ende afectan a la calidad de la información que recibe la sociedad. No se puede sostener, como hacen algunos discursos extremistas, que en Argentina no existe la libertad de expresión. Sin embargo, la serie de problemas estructurales que se van a enumerar a continuación la dañan peligrosamente, afectando cada vez más a la información pública, y por ende a los ciudadanos.

SIN LEY. No existe una ley de acceso a la información a nivel nacional, en gran medida porque desde el oficialismo no se acompañaron las iniciativas legislativas en tal sentido. Paralelamente, el decreto firmado en 2003 por Néstor Kirchner dejó de tener el peso inicial y la política de información pública del estado se volvió cada vez más opaca, especialmente desde 2008. Hay infinidad de pedidos de información que no se responden, no se respetan los plazos legales marcados en el decreto vigente y el organismo público encargado de gestionar la información en dependencias del estado dejó de proveer las estadísticas anuales.

PUBLICIDAD PARA AMIGOS. A pesar de que hubo decenas de iniciativas para promover leyes que regulen la publicidad oficial, el kirchnerismo ha optado por mantener la discrecionalidad en el otorgamiento de los fondos asignados con ese fin. Fondos que por otra parte se han incrementado notoriamente desde que asumió Cristina Fernández en 2007. Según datos de fuentes privadas, el 80% de la torta de 1.900 millones de pesos anuales en 2012 fue a parar a unas pocas empresas periodísticas, en general ligadas directa o indirectamente al oficialismo, con una fuerte injerencia en sus líneas editoriales, y sin que se explique con claridad cuáles son los criterios racionales que se determinan para tal asignación.

BLOQUEOS A PUBLICAD PRIVADA. Paralelamente al otorgamiento discrecional de la pauta oficial, en los últimos meses y tras una orden no escrita de un funcionario de peso del gobierno, grandes anunciantes de los medios gráficos y televisivos retiraron sus pautas afectando a la economía de las empresas periodísticas, lo que está provocando recortes salariales y limitaciones para la cobertura de noticias.

BLOQUEOS INFORMATIVOS. Ya desde los tiempos de Néstor Kirchner, pero mucho más en los mandatos de Fernández, periodistas y medios considerados «enemigos» por el gobierno, dejaron de recibir información de los organismos públicos, pasaron a no ser invitados o censurados en ruedas de Prensa, y hasta ninguneados por funcionarios o voceros del gobierno que dejaron de asistir a programas de radio y televisión. A esto se le suma el hostigamiento verbal y la estigmatización permanente de medios y periodistas considerados críticos u opositores.

SIN PREGUNTAS. Otro de los métodos para cuestionar (y complicar) el rol del periodismo, fueron las cada vez más cuestionadas conferencias de prensa sin la posibilidad de que haya preguntas, o repreguntas; o la generación de espacios donde los funcionarios se limitan a dar una declaración o leer una medida rodeados de militantes políticos que abuchean o agreden verbalmente a los periodistas que se animan a hacer una pregunta considerada molesta. Este método no es prioritario del gobierno nacional, ha sucedido en muchos distritos del país, con funcionarios de gobiernos de distinto signo político.

MEDIOS PÚBLICOS, PERO DEL GOBIERNO. A diferencia de lo que sucede en otros países (especialmente los europeos, pero también en varios países de América Latina), en la Argentina los medios públicos son manejados directamente por el gobierno de turno, lo cual genera una dependencia directa de las decisiones que emanan del presidente y su círculo más cercano. El efecto es una programación donde es muy difícil que aparezcan voces disidentes. Siempre decimos en Fopea que los medios estatales deberían ser públicos y no gubernamentales. En pos de este objetivo, sus autoridades deberían ser designadas por concurso y su gestión no debería recibir interferencias del poder político de turno.