Sevilla

Abren causa contra el ex “número dos” del PSOE-A por los cursos de formación

Un juzgado de Córdoba investiga a Rafael Velasco

El ex vicesecretario general del PSOE-A Rafael Velasco
El ex vicesecretario general del PSOE-A Rafael Velascolarazon

El juez de Instrucción número 4 de Córdoba ha abierto una investigación contra el ex vicesecretario general del PSOE-A Rafael Velasco por las ayudas de los cursos de formación concedidas a la empresa de su mujer, Aulacen Cinco, todo ello después de que la jueza María Núñez Bolaños archivara el pasado 13 de octubre la investigación relativa a cuatro de estas ayudas y se inhibiera en favor de los juzgados de Córdoba en relación con otras nueve ayudas otorgadas por la Delegación Provincial de Empleo.

En un auto, al que tuvo acceso Europa Press, el juez acuerda incoar diligencias previas y tiene por dirigida la causa contra Rafael Velasco, ya que los hechos «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal, en concreto supuesto/s delito/s de prevaricación, malversación y fraude de subvenciones», según el auto dictado el 13 de octubre pasado por la jueza María Núñez. En este sentido, y por medio de este auto fechado el día 5 de diciembre, el magistrado José Luis Rodríguez Lainz acuerda librar oficio a la Dirección Provincial de Empleo de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta en Córdoba a fin de que remita una copia íntegra de uno de los expedientes de ayuda.

Asimismo, acuerda librar exhorto al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para que certifique la fecha «desde la que se sigue el procedimiento contra Rafael Velasco» en relación «a su participación en cursos de formación en las diligencias previas 966/2014 u otras diligencias previas de las que trajera causa».

De igual modo, y según el auto consultado por Europa Press, el instructor pide al juzgado de María Núñez que expida y remita testimonio de sus autos de diligencias previas 966/2014 «en los particulares relativos a la resolución o resoluciones en las que se basaban las imputaciones y declaraciones prestadas por el investigado Rafael Velasco en sede policial o judicial».

Hay que recordar que Rafael Velasco dimitió en octubre de 2010 de sus cargos de parlamentaria y vicesecretario general del PSOE al trascender las subvenciones que recibió la empresa de formación de su mujer. Concretamente, algo más de 700.000 euros. Posteriormente el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla se encargó de este caso.

Por otra parte, en un auto fechado el día 13 de octubre, la magistrada María Núñez, que investiga las presuntas irregularidades en los cursos de formación, archivó la investigación relativa a cuatro ayudas concedidas al entramado empresarial vinculado a Rafael Velasco y se inhibió en favor de los juzgados de Córdoba en relación con otras nueve. La instructora archivó estas cuatro ayudas al considerar que «no existe indicio alguno de conducta o hecho delictivo que justifique la apertura de procedimiento penal». Según puso de manifiesto, «el mero hecho de que determinadas empresas se dediquen a realizar cursos de formación, subvencionados, no induce a pensar en ilícito penal alguno». Añadió que ésta «la única razón o indicio invocada» por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, un «indicio que no debió dar lugar a investigación penal alguna, como resulta de lo instruido».

La portavoz del PP-A en el Parlamento, Carmen Crespo, aseguró ayer que «aunque el PSOE-A no quiera, va a tener que hablar de Rafael Velasco y de la causa de formación en Andalucía». Velasco –adujo la dirigente popular– «era uno de los delfines del PSOE-A para presidir de la Junta» y como consecuencia de irregularidades por su parte en las ayudas a la formación «tuvo que marcharse de golpe y porrazo, lo que convirtió a Susana Díaz en la delfín para la Presidencia».

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, exigió al PP-A que deje trabajar a la Justicia y que «no intente, desde las tribunas políticas, condicionar los procesos judiciales». «Los responsables políticos tenemos que dejar trabajar a la Justicia», abundó.