Acusan a la Junta en el juicio de los ERE de «inducir» al Parlamento a aprobar unos Presupuestos «fraudulentos»

Expertos estatales sostienen que el 70 por ciento de las ayudas fueron a parar a empresas sin relación con un expediente de regulación de empleo

Peritos propuestos por la defensa de Griñán culpan a la Intervención de no actuar para frenar las irregularidades

Argumentos empaquetados por afinidades de parte. Esto es lo que volvió a escenificarse ayer en el juicio de la llamada pieza política del «caso ERE» en el que se oyeron acusaciones gruesas. Los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) aseveraron que el Parlamento andaluz «fue inducido a error» por el Consejo de Gobierno de la Junta al plantearle para su aprobación un proyecto de Presupuestos que «estaba fraudulentamente elaborado», y que incluía las partidas que se empleaban para financiar las ayudas supuestamente irregulares que se investigan en este «macroproceso».

Lo dijo en concreto el jefe del equipo de la IGAE, Ángel Turrión, según trasladaron a LA RAZÓN fuentes del caso presentes en la sala, quien matizó que se refería a fraudulento en el sentido de «engañoso o falaz» que la Real Academia Española (RAE) de la lengua da al término. Turrión es uno de los expertos que ilustra esto días al tribunal que tiene en sus manos el futuro judicial de 22 ex cargos andaluces, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y con sus palabras rebatió con severidad a Juan Ramallo, otro de los expertos y autor de un contrainforme de parte encargado por una de los investigados: la ex consejera de Hacienda y ex ministra Magdalena Álvarez. Ramallo señaló que los peritos estatales podrían llegar a plantear que la Cámara autonómica da el visto bueno a una ley, la de Presupuestos, fraudulenta o ilegal, lo que pondría en duda la utilidad del propio Parlamento, además de ir «al corazón del sistema democrático». Si bien, Turrón quiso dejar claro que «nunca» han «ninguneado» a la Cámara o han sostenido que la ley fuera «errónea». Lo que sí han mantenido es que las cuentas de la Consejería de Empleo y las de del IFA –luego agencia IDEA, ambos entes pagadores de las subvenciones bajo la lupa judicial– fueron elaboradas «fraudulentamente» y, en base a ello, los diputados dieron luz verde a «una partida» que, según el propio Parlamento, «debía haberse destinado a cubrir pérdidas» o ser «reintegrada a la tesorería de la Junta». Las fuentes consultadas atribuyeron también a Turrión un dato: de las 270 ayudas repartidas entre 2001 y 2010 desde el departamento de Empleo con cargo al programa presupuestario 31L, el llamado «fondo de reptiles», «el 70%» fueron a parar a entidades sin relación alguna con un ERE.

Ya en la sesión de tarde saltó una costura del traje de unidad que parecía cubrir a las defensas. Los profesores Juan Zornoza y Miguel Ángel Martínez peritos propuestos por la representación procesal de Griñán, culparon a la Intervención General autonómica (IGJA), de no haber controlado las subvenciones ligadas a la 31L ni haber actuado para frenar las presuntas irregularidades. Se da la circunstancia de que el ex interventor general Manuel Gómez es uno de los encausados, por lo que se espera «guerra».