Andalucía

Amenaza de banquillo para cinco ex cargos de la Junta

El juez del “caso ERE” acuerda la apertura de juicio oral por un préstamo ligado al “conseguidor” Lanzas contra Fernández, Barbéra, Márquez y dos directivos de la agencia IDEA

El juez del “caso ERE” acuerda la apertura de juicio oral por un préstamo ligado al “conseguidor” Lanzas contra Fernández, Barbéra, Márquez y dos directivos de la agencia IDEA

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La historia registrada arrancó con lo que la instructora originaria del «caso ERE», Mercedes Alaya, calificó de un «reguero» de ayudas asignadas por el Gobierno andaluz en unos tres años y hasta su liquidación a las empresas Electronics Devices Manufacturer (EDM) e Innovación y Desarrollo Empresarial Séneca, que compartían domicilio social en Mancha Real (Jaén). Una «benevolencia» que, «no sería descabellado pensar», según reflejó Alaya en uno de sus autos en 2015, que hubiera sido «apadrinada por la influencia de Juan Lanzas», el llamado «conseguidor» de los ERE y presunto socio con su mujer de una consultoría que mantuvo relaciones societarias con EDM.

Un préstamo de 384.841,65 euros otorgado a esas dos empresas con cargo a la partida presupuestaria 31L, el denominado en la causa «fondo de reptiles», acabó centrando una de las piezas separada en las que se atomizó el «macroproceso» judicial de los ERE. Varios años y varios instructores después, el actual, el juez José Ignacio Vilaplana, ha acordado la apertura de juicio oral por aquella concesión contra el ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández, el ex viceconsejero del mismo departamento Agustín Barberá, el ex director general de Trabajo Juan Márquez, el ex director de la agencia IDEA Jacinto Cañete, el ex directivo de esa entidad Bienvenido Martínez y los representantes de las sociedades beneficiarias, Juan Ruiz Cobos, ligado a EDM; más María José Cueva, a Séneca. Los presuntos delitos que se les atribuyen son cuatro: prevaricación, malversación, falsedad en documento oficial y alzamiento de bienes.

En un auto fechado el pasado 7 de octubre al que accedió LA RAZÓN, Vilaplana soporta su decisión en «el contenido de los escritos de acusación formulados» y la evaluación que hace de los datos que «se desprenden de las diligencias practicadas» en el momento procesal actual. En su resolución da a los encausados un día de plazo para que «presten cada uno de ellos fianza» por los mencionados 384.841,65 euros «más un tercio», con el fin de asegurar «las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, pudieran imponerse». Con todo, aún cabe que los ex altos cargos del Ejecutivo regional no se sienten en el banquillo porque, según ha podido saber este periódico, al menos dos de ellos, el ex director de IDEA y el ex consejero han recurrido su procesamiento en esta pieza. Creen, entre otras cuestiones, que se ha vulnerado el principio «non bis in ídem», dado que ya fueron enjuiciados por los mismos hechos en el bloque político de la «macrocausa» y esperan sentencia.

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Un ex delegado de Empleo, liberado

El juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha sobreseído, de otro lado, la causa contra Juan Manuel Bouza, ex delegado de Empleo de la Junta en Cádiz, en la pieza de los ERE centrada en una ayuda a Picos Yeye y Cohollero.

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