Anticorrupción acusa a la Junta de «encubrir al posible delicuente» en el primer juicio de Invercaria

La Fiscalía Anticorrupción denunció ayer que el comportamiento de la Junta de Andalucía respecto al «caso Invercaria» fue «más próximo al encubrimiento del posible delincuente y la obstrucción a la Justicia que a la colaboración que se espera de la víctima del delito». El Ministerio Público efectuó esta aseveración durante la última sesión del juicio por un préstamo de 100.000 euros a la empresa Aceitunas Tatis, la primera pieza separada del «macrocaso» en llegar a la vista oral, que ayer quedó visto para sentencia en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla. La Fiscalía solicita 6 años de cárcel para Tomás Pérez-Sauquillo, ex presidente de la sociedad pública de capital riesgo, por malversación, prevaricación y tráfico de influencias, y 2 años y 6 meses para la ex administradora de la citada mercantil, Gracia Rodríguez.

En su informe, el fiscal Fernando Soto recordó que tanto Invercaria como su accionista único, la agencia IDEA, y la Consejería de Innovación «no han defendido de manera correcta los intereses que debían proteger, el caudal público de todos los andaluces».

Los responsables de Invercaria «han pretendido instalarse en un limbo al margen de la legalidad administrativa» y aprobaron un plan director que «fue un paso más en esa deslegalización de los fondos propios», según el fiscal. «Hicieron oídos sordos y miraron hacia otro lado mientras gestionaron Invercaria, pero no nos pueden hacer creer que crearon un mundo al margen del derecho público», sostuvo, para añadir que «esa argumentación de que el consejo de administración es soberano no se sostiene» Para Soto, «lo fundamental» en la pieza de Tatis y algunas otras es que «no hubo ningún análisis» del proyecto.