La pieza política del caso cimbrea la campaña

Anuncian que Núñez dará carpetazo a la pieza ligada al SAE al no ver «indicios sólidos de delito».

Como una pompa pinchada. Así se ha desinflado la considerada pieza política de la «macrocausa» centrada en los cursos de formación financiados por la Junta que arrancó la jueza Mercedes Alaya y que afecta a 24 investigados por los presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude en subvenciones. Su sucesora al frente del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, podría archivarla «después del verano, en unos meses», según desvelaron ayer fuentes vinculadas a ese órgano judicial.

Este relato de un carpetazo anunciado se inició en marzo de 2015 cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desplegó la denominada «operación Barrado», en la que fueron detenidos más de una docena de dirigentes provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) –esta consejería fue competente en materia formativa antes de su traspaso a Educación y vuelve a serlo ahora– y de la dirección general de formación.

La argamasa del caso levantado por Alaya –quien ahora ocupa una plaza en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla– pasaba por que desde la órbita de Empleo se impartieron «órdenes» a las distintas delegaciones territoriales para que «no se controlara el dinero» destinado a los cursos y poder crear así «una red de clientelismo político» tejida a base de subvenciones. Pero su sustituta no comparte esa visión de conjunto. De hecho, Núñez no aprecia «indicios sólidos de delito» en los hechos investigados y reduce lo existente a «posibles irregularidades administrativas», como ha defendido en sede judicial el grueso de los interventores provinciales –el único que no ha declarado aún por enfermedad es el de Sevilla– y el ex interventor general de la Junta Adolfo García. Este último negó el pasado 14 de junio haber observado ningún «menoscabo» de fondos públicos en los expedientes analizados y, aunque admitió que se pudo producir un «riesgo» por la «dilación» en la tramitación de los ayudas por parte de la Administración autonómica, matizó que éste no significaba que se materializara. Versión que trasladó también a la comisión de investigación creada en el Parlamento regional para intentar depurar responsabilidades políticas por el presunto fraude en torno a las acciones formativas subvencionadas.

De confirmarse la decisión de Núñez Bolaños, ésta supondría su alineación con otros jueces como la titular del juzgado de Instrucción número 4 de Jaén, Carmen Ballesteros, que hace unos días descartó el «clientelismo electoral» y archivó la causa formativa que coordinaba contra 15 personas, entre ellas la ex delegada provincial del SAE en Jaén Irene Sabalete –investigada también por el juzgado de Núñez– y la de otros órganos judiciales sevillanos que han puesto punto final a causas ligadas a la formación.

Fuentes judiciales aseguraron ayer a este diario que no les «sorprendía» el posible sobreseimiento provisional de esta rama política dado que, por el momento, «no se ha acreditado ni uno solo de los elementos de sospecha inicial de que existiera un acuerdo en las alturas de la Consejería de Empleo para favorecer a determinados grupos, o de que se relajaran los controles». «Los problemas que haya podido haber en torno a los cursos –añaden– se han producido de las puertas de la Junta para fuera y, como mucho, con la complicidad de alguien de base». Apuntan además que en este caso, a diferencia del de los ERE, «sí existe documentación y los expedientes están en su mayoría».

Otras fuentes consultadas por LA RAZÓN apuntan que el archivo de esta pieza podría ser respaldado por la Fiscalía Anticorrupción ya que «efectivamente no hay pruebas» de que los fondos «se repartieran a amigos o personas de la órbita del PSOE». Con todo, reconocieron que «sí hay algo» que les extrañaba en torno al supuesto cierre del bloque: «Que se haya adelantado meses antes de producirse y que se haya hecho en mitad de un proceso electoral –a tres días de depositar el voto–. Al final esta etapa en el juzgado va a tener puntos en común con la anterior», deslizaron, en alusión a los autos de Alaya que cimbrearon otros periodos electorales.

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, por su parte, encaró el asunto para plantearlo como «una especulación o un globo sonda de la campaña electoral», dado que la jueza «no ha dictado ningún auto» todavía en relación al bloque del SAE, uno de los nueve en los que dividió el «macroproceso» en diciembre de 2015. El líder de los populares andaluces explicó en una entrevista en la Ser que su partido está personado en la causa que dirige la magistrada y no tenía constancia de que esto puediera suceder. Es más, a él también le «sorprendió un poco» la información que se conoció por la tarde, sobre todo, porque hay previstas declaraciones en el juzgado en el ámbito de esta pieza para el próximo septiembre.Tras apuntar que el PP-A ha pedido que se practiquen diligencias y que la Junta aporte informes, Moreno subrayó que hay «cien millones en ayudas a empresas vinculadas a cargos del PSOE» y lamentó que el dinero de la formación haya servido para pagar «whisky, marisco» y «de todo». A su juicio, «queda mucho por aclarar». «Veremos cuando haya un auto, si esto es así o no», emplazó el popular.

Entre los investigados que se beneficiarían del futuro movimiento de Núñez se encuentra el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, señalado asimismo en la pieza centrada en el entramado empresarial del ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda. A él se sumarían entre otros la cuñada de éste, Teresa Florido, y los, como ella, ex directores generales María José Lara, Andrés Sánchez y Manuel Brenes; así como los ex delegados de Empleo provinciales Aurora Cosano, Antonio Rivas, Francisca Pérez, Eduardo Muñoz, Juan Bouza, Juan Carlos Lomeña, Antonio Fernández, Marina Martín y la mencionada Sabalete.