Casi 3.400 casos de abusos a mayores constatados por la Junta en la comunidad

La negligencia y el abandono suponen la principal situación de vulnerabilidad, además del maltrato psicológico, el físico, el económico-financiero, la obstaculización terapéutica, la obstrucción diagnóstica y el daño sexual

El maltrato de mayores no es un fenómeno social nuevo pero resulta complicado sacarlo a la luz. Se trata de delitos cometidos sin testigos, generalmente, con únicamente pruebas periféricas. Además, las víctimas no tienen habitualmente autonomía y dependen física y emocionalmente de sus cuidadores, que, en muchas ocasiones, también son sus agresores. La Fiscalía habla del riesgo de «una absoluta impunidad en bolsas ocultas de maltrato» al amparo del trinomio mayor-maltratado-vulnerable. Según informó el Consejo de Gobierno de la Junta, en 2017 en Almería se produjeron 189 casos de abusos a mayores; en Cádiz, 372 casos; en Córdoba, 314 casos; en Granada, 460 casos; en Huelva, 2015 casos; en Jaén, 140 casos; en Málaga, 683; y en Sevilla, un total de 1.033 (casi uno de cada tres). En toda la región se registraron 3.396 casos.

La tipología de los abusos, según detalló la consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio, de mayor a menor frecuencia fue por negligencia y abandono; abuso psicológico; físico; económico-financiero; vulneración del derecho; autonegligencia; obstaculización terapéutica; obstrucción diagnóstica; y sexual.

Según la Junta, «la violencia ejercida sobre los mayores puede tener un carácter físico o verbal, pero con mayor frecuencia consiste en la desatención hacia los cuidados que necesita una persona, cuando ésta se encuentra en situación de dependencia. A este tipo de violencia se le denomina 'negligencia'». «El maltrato a las personas mayores es hoy una realidad invisible en nuestra sociedad», coinciden los expertos. Predominan los malos tratos físicos en un 70,7% y los psicológicos en un 15,8%, según los datos expuestos en un congreso de UGT del pasado año. Otra variante del maltrato a los ancianos es el abuso económico por parte de cuidadores que asumen las pagas de estas personas sin proyectar los recursos en su cuidado, según advirtió Flor de Torres, coordinadora de Violencia de Género y Familia de la Fiscalía de Málaga y delegada de Andalucía de la Fiscalía de Violencia a la Mujer.

Según el Instituto Nacional de Estadística, a 1 enero de 2015 Andalucía tenía una población mayor de 65 años de 1.369.259 personas, esto es, un 16,3 % de la población total (8.388.107 personas). Aunque dicho porcentaje es menor a la media española, siendo Andalucía una de las comunidades con menor porcentaje de personas de edad igual o superior a los 65 años (sólo por detrás de Ceuta, Melilla, Murcia, Canarias e Islas Baleares), al ser la comunidad con mayor población de España, también es la que alberga el mayor número de mayores en términos absolutos, únicamente seguida de cerca por Cataluña.

El Informe Anual del Defensor del Pueblo Andaluz recuerda que «dicha población va a ir creciendo de forma intensa en las próximas décadas», por lo que «los poderes públicos andaluces deben adoptar las medidas necesarias para atender a las demandas específicas de las personas mayores». «Se trata de un colectivo heterogéneo, con trayectorias y expectativas vitales muy diversas, y en todo caso muy diferente de los mayores de hace unas décadas, lo que habrá de tenerse en cuenta a la hora de ofrecerles a ellos y a sus familias aquellos servicios que mejor se adecuen a sus demandas», como, cita el Defensor, apunta el Imserso en su informe, y «sobre todo de darles la voz protagonista en este proceso». A lo largo de este año «se han tramitado varias quejas» ante el Defensor «al tener conocimiento de la posible situación de desprotección de personas mayores». Con carácter general, «la intervención de las administraciones públicas en los casos de personas mayores que viven solas debe encaminarse, en primer lugar, al mantenimiento de la persona en su domicilio y en su entorno, procurando unas condiciones adecuadas de seguridad, salud, alimentación, higiene, etc.», señala la Oficina del Defensor. «Únicamente cuando no es posible que la persona mayor continúe residiendo en su vivienda, por no poder garantizarse que su vida se desenvuelva en condiciones dignas, o porque la propia persona mayor así lo requiera, se debe procurar su traslado a un centro residencial», añade.