Centros de menores de Sevilla denuncian que se contrate «al mejor postor»

Critican que la Delegación de Igualdad de Sevilla utiliza el coste económico como criterio único para asignar la gestión de los hogares donde viven niños bajo protección.

«Es una crueldad moral y un maltrato institucional». Ésa es la sensación que ha quedado entre las directoras de algunos centros de acogida de menores tras conocer la resolución de la Junta de adjudicar el cuidado de niños bajo su protección a la empresa que menos dinero cobrase por ello. «No se les puede cambiar de hogar cada seis meses, eso repercute en su estabilidad y en su desarrollo», aseguran desde la Asociación Sevillana de Ayuda al Menor (Asam) y lamentan el drástico giro del Gobierno andaluz en su afán por escatimar el presupuesto en la atención a menores tan vulnerables. «No se ha tenido en cuenta la experiencia, ni los vínculos de los niños con sus cuidadores... no puede encargarse el cuidado al mejor postor», insisten.

La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales discrepa sobre esta realidad. Fuentes del departamento aclararon a LA RAZÓN que efectivamente se han producido dos cambios en residencias de este tipo, debido en un caso a haber superado el precio de licitación y en el otro, a la falta de documentación requerida. igualmente, insistieron en el «compromiso demostrado» de la Junta en materia de menores.

Los pliegos publicados para la gestión del acogimiento residencial de menores en Sevilla, sin embargo, detallan explícitamente que el único criterio a valorar para contratar la gestión es la oferta más ventajosa económicamente. Fue en julio cuando se convocó el proceso para 297 plazas para menores bajo tutela administrativa, una situación derivada de la retirada total o provisional de la patria potestad a la familia biológica. Los precios base están fijados en función de los niños atendidos y su problemática particular: 60 euros diarios por el residencial básico; 80 euros para los que tienen la catalogación de acogida inmediata; 100 euros por jornada en caso de que los acogidos sufran alguna discapacidad; y 122 euros si los menores tienen además problemas de conducta. Esto incluye cubrir el personal titulado que los atiende, la totalidad de sus necesidades integrales 24 horas al día, todo el año: su alojamiento, cuidado, vestido, alimentación, dinero de bolsillo, etc.

El contrato para Sevilla ha marcado una senda que los implicados rechazan, la del criterio económico como único valor. El resultado tangible es que la Junta se ahorrará unos 25.000 euros dentro de una partida de cuatro millones, a pagar en los próximos seis meses. Un ahorro mínimo pero que ha supuesto el fin de dos hogares que llevaban funcionando desde hace años: el de Santa Ana en Dos Hermanas, para 12 niños, a cargo de las Hermanas Dominicas –la Fundación Samu realiza esa labor ahora– y otro para adolescentes en conflicto, también con 12 plazas, que gestionaba la Asociación Paz y Bien, a la que ha relevado la ONG Accem, según consta en la resolución de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales del pasado 16 de septiembre.

En las bases para la contratación, el baremo no concede ni un solo punto a los programas de trabajo, la experiencia de los profesionales o posibles mejoras en las condiciones de los hogares, mientras que otorga la máxima calificación al licitador que presente la oferta económica más baja.

En principio, el contrato tendrá vigencia durante seis meses, con posibilidad de prorrogarlo otros cuatro más –en tal caso el coste ascendería a seis millones de euro–. Si no se modifica el criterio seguido en la última licitación, significa que los niños podrían volver a afrontar un cambio de hogar en pocos meses si otra entidad puja para desempeñar esa labor por menos dinero. Algunos han tenido que mudarse pese a que llevaban hasta nueve años viviendo en el centro anterior. «Sufrieron la retirada de sus familias y ahora han sufrido otra pérdida», lamentan en Asam.

Paradójicamente, la Junta detallaba en convenios anteriores que «el cambio de centro solo podrá proponerse por el centro de acogida, o por el Servicio de Protección de Menores, cuando sea absolutamente necesario para su proceso educativo, y previa audiencia al menor». Señalaba además que los traslados «deberán estar motivados y tener una preparación del menor y un acople entre profesionales de ambos centros».

Las circunstancias excepcionales de Sevilla no se han producido en otras provincias. En Jaén o el Campo de Gibraltar (Cádiz), por ejemplo, se han resuelto este año procesos similares. El espectro para valorar las ofertas fue en ambos casos mucho más amplio. En primer lugar, al aspecto económico le otorgaba un máximo de 30 puntos sobre cien: 20 para el precio y otros diez si incluían medios adicionales, como ampliación de la plantilla, de horario o la disponibilidad de un vehículo propio para el centro. En el apartado técnico recaía el mayor peso, con un tope de 70 puntos. En él se valoraron el proyecto educativo, la experiencia del solicitante, los intrumentos de acción educativa, así como la existencia de un programa formativo para los menores protegidos.