Chaves y Griñán «conocían la gestión» de las ayudas de los ERE

La testigo «amenazada» afirma que sus «gabinetes» reclamaban «puntualmente» información «cada vez que surgía una queja o un conflicto». Lamenta que la Junta reaccionara tarde y afirma que los expedientes de la causa «no son con los que trabajó»

La arquitectura en la que se montaron las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos no era desconocida. La ex asesora de la Dirección General de Trabajo, María José Rofa, una testigo contraria al cocido de silencios y de no recuerdos en el que se convirtieron otras declaraciones, lo dejó claro ayer en su segunda jornada en el estrado del juicio de la rama política de la «macrocausa». Tras el interrogatorio de la Fiscalía tomó la palabra el abogado del PP-A, Luis García Navarro, quien le preguntó si podía deducir de las explicaciones que había dado en la Sala que tanto el ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán como su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, ambos investigados en esta pieza, tuvieron conocimiento de «la gestión de la Dirección General de Trabajo con cargo al programa de ayudas de la 31L», el llamado mediáticamente «fondo de reptiles» que nutrió las subvenciones bajo sospecha. Rofa respondió que «entendía que sí» y argumentó su creencia. Relató que en la época en la que ella estuvo como asesora en Trabajo, el «gabinete» pedía «suficiente información» sobre «los conflictos, los pagos, las protestas...». «Puntualmente, cada vez que surgía una queja o un conflicto», matizó tras evocar aquel tiempo. El letrado de los populares, personados como acusación popular, quiso ahondar también en palabras que la ex asesora había pronunciado el día anterior a borbotones: que «las ayudas podían venir decididas la mayoría de las veces desde más arriba» a la dirección general a la que ella estuvo hilvanada. García Navarro le solicitó que precisara de dónde venían esas órdenes, a lo que Rofa contestó que de «alguien superior a un director general, llámese consejero, llámase viceconsejero».

Estableció entonces una correspondencia entre subvenciones y territorios de la comunidad. «Cada consejero representa a un territorio», dijo, para vincular ayudas como la de Primayor, una empresa de Jaén, «al consejero o el vicepresidente» de aquella provincia. El abogado del PP-A la animó a aclarar si se refería a Gaspar Zarrías y de su boca brotó un «creo que sí». Y siguió con las ligazones. Mantuvo que si la entidad beneficiaria de las ayudas del Gobierno autonómico era de Huelva, «pues sería la consejera de Medio Ambiente desgraciadamente fallecida –en alusión a Cinta Castillo– pues, a lo mejor, la que tenía el impulso, sobre todo, las de Fertiberia», química responsable de las balsas de fosfoyesos que hoy se apilan en la capital onubense. Volvió a Delphi, para sostener que en ese caso, el rescate fallido de la automovilística que acabo dando cerrojazo a su factoría de Puerto Real (Cádiz) venía «un poco directamente de un problema de Presidencia». De hecho, recordó que al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, otro de los 22 investigados en este bloque, siempre le hacían la «broma» de que «el único que no salió en la foto fue él», mientras sí lo hicieron el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo, el ex presidente del Gobierno central José Luis Rodríguez Zapatero y Chaves. Le lanzaban, que « fue una convidada» que le tocó pagar, pese a no estar «ni siquiera en el territorio en aquel momento más de crisis». A juicio de la testigo, el expediente de Delphi fue propulsado «desde política de gobierno». Es más, a varias defensas les recalcó luego que no consideraba que los ex consejeros Fernández y Vallejo hubieran decidido «financiar Delphi cada uno desde su responsabilidad en solitario» y recordó que a la multinacional fueron a parar ayudas tanto estatales como regionales. Al margen de ésta, insistió: «El impulso de muchos de los temas no venían del director general, venían de acción de gobierno y de distintos miembros de ese Gobierno, según el territorio que les correspondiera o el problema que tuvieran», condensó, para sumar que «las alturas» para sus compañeros eran el «fuera» de Empleo y arrojó que el director general de Trabajo «no se iba a meter en todos los charcos, 'motu propio'».

Confirmó en su tono replegado que la «tensión» se extendió «como la pólvora» en su ex departamento tras saltar el escándalo de Mercasevilla, en cierta forma el germen de los ERE, y que «todos» estaban «en cuestión».

«La Junta ha reaccionado cuando ha reaccionado», empezó a gotear para explicar que lo hizo cuando detectó a los intrusos en noviembre de 2010, a lo que, a su juicio de técnica, sólo podía observar que «a buenas horas». Con todo, a interrogantes del letrado de Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, puntualizó que antes se había intentado «mejorar» en algunos puntos, se «renegociaron pólizas» y se trató de fijar «un camino más coherente y organizado». Trasladó además al abogado que no vivió «ninguna situación» en la que sintiera que estaban «haciendo nada ilegal». «Lo que se pudo dentro de ese marco se mejoró», cosió, aunque «no se cambiaran algunas cosas que, a toro pasado, debieran de haberse hecho» tal vez «de otra manera».

Lo que sí constató es que los expedientes que han llegado a la causa «no son» los que manejaba en la dirección general a la que perteneció. «No son con los que yo trabajé», proclamó. Según su versión, «se complementaron» y se mandaron al juzgado «expedientes mucho más desordenados» y parciales.

«Una situación más que complicada»

La ex asesora de la Dirección General de Trabajo María José Rofa aportó a la Guardia Civil de cara a la investigación más de 1.600 archivos y ayer aseveró que «jamás» manipuló ninguno de esos documentos. Reafirmó, eso sí, que se sintió «amenazada» por sus superiores y narró incluso que el ex director general de Trabajo Daniel A. Rivera llegó a llamarla «tres veces en el curso» de una conversación «gilipollas» y le espetó: «Que te dediques a tu hijo y a tu trabajo». «Mi situación ha sido más que complicada», expulsó como válvula de escape.