Díaz presenta la Ley de blindaje sanitario anunciada hace tres años

«El tiempo es un círculo plano. Todo lo que hemos hecho y todo lo que haremos lo repetiremos una y otra vez». La filosofía existencial de Rust Cohle (pergeñada por Nic Pizzolatto en «True Detective») engarza con la Administración andaluza. En la era de la información, cuando Google deviene en Oráculo de Delfos, la hemeroteca ejerce como Ministerio Público de la memoria. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, anunció que el Consejo de Gobierno aprobará hoy el inicio de la tramitación de la Ley de Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público Andaluz, que «blindará» la salud como «un derecho» ciudadano y una «obligación» de los responsables públicos. Se trata de una norma que ya esbozó Griñán en su discurso de investidura de mayo de 2012 y que en junio de ese mismo año era promovida por la entonces consejera de Salud y Bienestar Social María Jesús Montero, bajo la premisa de que el actual modelo es un «logro ciudadano seriamente amenazado». Del paquete de 28 leyes anunciado desde 2012 por el Ejecutivo socialista en coalición con IU, sería la tercera ley que se tramita. A una por año. Las dos anteriores son la de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, con discrepancias sobre su cumplimiento, y la de transparencia, con un portal web a medio construir. En total, desde 2012, la Junta ha aprobado 16 leyes y reformas normativas, Presupuesto incluido.

Durante su visita al Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS), Susana Díaz recordó que ya anunció que en este nuevo tiempo la salud iba a tener «un papel preponderante». Esta norma fue una de las promesas de la campaña socialista para las autonómicas. Díaz defendió que es necesario reforzar la Atención Primaria y la red de hospitales públicos, y apostar de manera «firme» por la investigación. «No dejaremos a la especulación la salud de las personas», recalcó la presidenta, añadiendo otra de las promesas de su campaña: el «retorno del talento» para que los jóvenes investigadores desarrollen su tarea en la red sanitaria pública andaluza. «Hay que apostar por la investigación, que va a ser uno de los pilares, la ‘joya’, en esta etapa», destacó. La Junta, añadió, va a «poner recursos y medios para que Andalucía siga siendo vanguardia, un referente nacional en investigación biomédica y en la aplicación de la misma a los pacientes».

La presidenta andaluza defendió que «apostar por la investigación es apostar por el futuro de la salud pública», destacando la investigación «de excelencia» que se realiza en el Instituto de Biomedicina de Sevilla –el cual ha permitido el nacimiento de 55 bebés libres de enfermedad hereditaria–, que cuenta con otras 800 personas adscritas a los grupos de investigación. Susana Díaz insistió en que la salud «va a tener un papel preponderante en Andalucía» y explicó que «para apostar por la salud hay que apostar por la investigación». «Vamos a poner recursos para que Andalucía siga estando a la vanguardia y siendo pionera, un referente nacional», incluso fuera de nuestras fronteras, en investigación biomédica y su aplicación a todos los pacientes, señaló.

En 2012, María Jesús Montero hablaba en similares términos de la Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público. Se trataba de uno de los objetivos de la IX Legislatura que se retoma en la X. «Se trata de seguir avanzando en la consolidación de derechos de nueva generación, en la calidad y excelencia de los servicios públicos pero sin dejarnos arrebatar ni un palmo de lo conseguido hasta el momento; estableciendo las defensas para proteger al sistema público de los embates neoliberales que se ciernen sobre él, ahora más que nunca», explicaba en 2012 la ahora consejera de Hacienda. Entonces, también se anunció la elaboración de una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Sanitaria, la Ley de Renta Básica, una norma para regular la Objeción de Conciencia, la actualización de la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad, la Ley de Derechos y Atención al Menor y la Ley de Servicios de Andalucía. Desde su anuncio, tras la sustitución de Chaves por Griñán, se ha producido el relevo del segundo por Susana Díaz dentro de un Gobierno bipartito, la ruptura del Ejecutivo, unos comicios autonómicos adelantados y más de 80 días de parálisis ante la negativa de los grupos parlamentarios a investir a la candidata electa. En este periodo de tiempo, el bagaje es de una treintena de decretos –entre los que sobresale el «antidesahucios» tumbado por la Justicia– y dos leyes del pacto de Gobierno con IU –las citadas de Libertad Sexual y Transparencia– . Podemos, precisamente, va a trasladar al Parlamento las peticiones del colectivo transexual por el «incumplimiento» de la ley andaluza. La Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA) ha alertado de la falta de cumplimiento de la ley integral para la no discriminación por motivos de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, aprobada hace un año.