Educación abre expediente por falta grave a las maestras que vejaron a una niña autista

No han sido suspendidas al estar de baja si bien la consejería podría hacerlo si se dan de alta aunque el expediente quedará parado mientras dure la vía judicial

La Consejería de Educación ha abierto expediente por falta grave, cuya sanción puede llegar a la expulsión del sistema, a dos maestras (una funcionaria y otra interina) y a una monitora escolar (personal laboral) denunciadas por los padres de una niña autista por burlas y mofas a su hija, que grabaron con una cámara oculta en su mochila en el aula específica del colegio público Cervantes de Dos Hermanas (Sevilla).

El consejero, Javier Imbroda, ha explicado que una vez abierto el expediente será un instructor quien deberá proponer la sanción correspondiente que aprobará la Dirección General de Recursos Humanos, si bien la tramitación de esta vía administrativa quedará paralizada mientras existan diligencias judiciales abiertas, toda vez que la querella de los padres -a la que ya han anunciado que se unirán otras familias- ha sido admitida a trámite en los juzgados.

Actualmente, la niña ha sido reubicada en un centro de educación especial, al igual que otro niño cuyos padres también denunciaron, mientras que las tres trabajadoras a las que se ha abierto expediente se encuentran de baja, por lo que "no ha lugar"a la adopción de medidas cautelares para su suspensión, que sí podrían adoptarse "en cualquier momento"si se dan de alta. "No vamos a consentir que estén con los niños", aseguró Imbroda.

En el aula específica del colegio continúan escolarizados dos niños con necesidades especiales de los que actualmente se encargan dos monitoras escolares.

El consejero también anunció que la Inspección educativa realizará "casi una auditoría"sobre el funcionamiento del colegio del que dejó claro que la directora, que no está incluida en el expediente, es "responsable", para decidir las medidas a adoptar. Al tiempo que admitió que estamos repensando nuestro sistema de atención a los alumnos más vulnerables"tras plantearse "¿cómo puede ser que puedan estar en manos así?", si bien defendió que la mayoría de los trabajadores del sector son "grandes profesionales".

En el caso de las tres a las que se ha abierto expediente formaban parte, con distinta categoría, de la plantilla de la administración y las dos maestras eran especialistas una en Pedagogía Terapéutica y otra en Audición y Lenguaje, especialidades aptas para acceder a este tipo de puestos.

Imbroda ha anunciado estas medidas durante una comparecencia tras firmar con todos los sindicatos de enseñanza un acuerdo por el que 426 monitores escolares que hasta ahora eran fijos discontinuos, a los que se les cortaba el contrato en julio y agosto para retomarlo en septiembre, continuarán con contrato durante el verano, una medida con un coste de 1,6 millones anuales que desde la consejería garantizaron que se aplicará ya este año independientemente del futuro del Presupuesto.

Se trata de una demanda histórica de un colectivo de entre los 1.600 monitores escolares que trabajan en los centros andaluces que logró por vía judicial su integración como personal laboral de la Junta en 2013 pero el anterior Gobierno socialista las subrrogó con las mismas condiciones que tenían en las empresas privadas para las que trabajaban.

Imbroda también se ha comprometido con los sindicatos a homogeneizar, ya con cargo al Presupuesto de 2020 y "en función de las necesidades educativas"la jornada laboral de los más de 600 que trabajan a tiempo parcial, con contratos de apenas 8 horas semanales en algunos casos, con el fin de acercar a la mayoría a la jornada de 35 horas, una medida cuyo coste se estima entre 9 y 10 millones de euros anuales.