España

El 19% de los dependientes graves con derecho a prestación no la recibe

La lista de espera sumando a los de grado más leve roza las 107.000 personas frente a las 180.000 que disfrutan de ayudas

El 19% de los dependientes graves con derecho a prestación no la recibe
El 19% de los dependientes graves con derecho a prestación no la recibelarazon

Un total de 37.411 personas con autonomía limitada esperan a recibir una prestación por parte de la Junta. Todos tienen reconocido un grado elevado de dependencia (II o III) y se les ha concedido la ayuda, pero se mantienen en lista de espera.

Un total de 37.411 personas con autonomía limitada esperan a recibir una prestación por parte de la Junta. Todos tienen reconocido un grado elevado de dependencia (II o III) y se les ha concedido la ayuda, pero se mantienen en lista de espera. Actualmente, las perciben 160.011 personas, lo que supone un porcentaje del 19%, según los datos publicados por el Portal de la Dependencia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Respecto a los de grado I, los más leves –cuya incorporación al sistema se produjo en julio del año pasado–, la lista de espera se dispara: 69.440 personas todavía no reciben la ayuda concedida, lo que supone el 77% del total de esta categoría. Andalucía presta servicio cada día a más de 180.000 personas que no pueden valerse por sí mismas. Es la comunidad española que atiende a un mayor número de dependientes y la que de largo ha recibido más solicitudes en los diez años de vigencia de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia: 377.581 peticiones, según los datos recogidos por el Imserso hasta septiembre. No obstante, está por encima de la media nacional en dictámenes emitidos y solo un 5,6% de los solicitantes desconoce aún qué grado de dependencia se le asignará y si podrá acceder a una prestación.

Desde la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales señalan que en este ejercicio se han realizado 56.440 valoraciones, tanto iniciales como de revisión de expedientes. Esto ha permitido reducir la lista de espera un 20% respecto a los dictámenes pendientes en 2015.

La ralentización se debe fundamentalmente a que «en Andalucía, a diferencia de otras comunidades autónomas, la resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia va aparejada a la disponibilidad de la prestación prescrita», aseguran fuentes de Igualdad. «Lo anterior permite prácticamente la simultaneidad entre la resolución de reconocimiento de la prestación y el acceso a la misma, sin perjuicio de los plazos de incorporación de que las personas se benefician para acceder al servicio en el caso de las prestaciones asistenciales», aseguran. «Por otro lado –matizan– la vida activa de un expediente está salpicada de distintas circunstancias que en muchas ocasiones transforman en expediente sin resolver aquéllos que recibiendo una prestación por dependencia están inmersos en algún otro trámite como pueda ser revisiones de grado, del Programa Individual de Atención (PIA), o traslados, por ejemplo».

Igualmente, la Consejería reconoce que «cuando las prestaciones son de carácter económico, debido a los tiempos de gestión, la reciben dentro de los dos meses inmediatamente siguientes a la fecha de reconocimiento», incluyendo los atrasos acumulados.

El análisis se realiza a través del PIA, que determina el grado de dependencia, de entre seis posibles –del más grave, el grado III nivel 2, al más leve, el grado I nivel 1– y la ayuda que corresponde a cada beneficiario.

Rebaja estatal

Los fondos para atender la atención a la dependencia copan el 62,8% del presupuesto de Igualdad y Políticas Sociales para 2017. En total, se destinarán 1.164 millones de euros, treinta más que en el ejercicio en curso. La financiación estatal ha ido en retroceso en los últimos años, saltándose el mandato de asumir la mitad del coste. Según el último informe del Observatorio de la Dependencia, las comunidades autónomas cargan con el 82% del gasto público certificado en el último año.

En Andalucía se han concedido 234.000 prestaciones, el 22,3% de las personas beneficiarias en España. De ellas, 50.800 reciben ayuda a domicilio –representan el 31% del total nacional–, mientras que otras 67.300 son usuarias de teleasistencia–el 44% del conjunto de España–. Además de esos dos servicios, la ley regula la atención en centros de día y de noche y en residencias. En cuanto a las prestaciones económicas, figuran tres tipos: cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, asistencia personal y una última vinculada a la adquisición de un servicio, con una horquilla entre 834 y 153 euros.

Desde que entró en vigor la ley, han disfrutado de algún tipo de servicio o ayuda 287.400 andaluces de los 377.600 que lo han solicitado. Prácticamente el 20% de ellos ha recibido una negativa.