El bipartito utiliza la «ley Wert» para limar la financiación de la concertada

El bipartito ha puesto en su punto de mira a la enseñanza concertada. Y aprovechando su frontal oposición a la ley que impulsa el ministro José Ignacio Wert va a revisar la política de conciertos con los centros educativos, es decir, su financiación. La consejera de Educación, Mar Moreno, ofreció ayer la versión oficial: «La Junta siempre ha defendido la escuela pública con una presencia razonable de centros privados, pero el Gobierno central rompe las reglas del juego y, ante eso, tenemos que preservar el equilibrio», argumentó.

El borrador del anteproyecto de la Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) incluye el concepto de «demanda social» y se compromete a ofertar «plazas suficientes». Un matiz que el bipartito interpreta como un ataque a la enseñanza pública en beneficio de la concertada. Su reacción es una amenaza a este tipo de escuelas, ya que si «revisa» conciertos disminuirán las plazas.

La estrategia de la Consejería de Educación pasa por respetar los convenios vigentes, lo que «no significa que no pueda haber líneas de menos en centros tanto públicos como privados». En la práctica, esta revisión de cara al próximo curso supondría que alumnos de centros concertados no tuvieran plaza garantizada para el próximo curso si se reducen el número de cursos –de líneas– que se oferten. Es la manera ideada por el «bipartito» para restar estudiantes a la enseñanza concertada y priorizar la pública. El vicepresidente Diego Valderas también respaldó esta política del Gobierno andaluz: «Mientras otras comunidades van en el camino de dar más terreno a la concertada y quitar lo público, nosotros vamos en el camino contrario porque nuestro objetivo prioritario es lo público», dijo.

En el acuerdo de gobernabilidad que firmaron PSOE e IU no se contemplaba de manera explícita este ataque a la educación concertada. De hecho, ambos partidos abogaban por una «educación pública, democrática y de calidad» y se remitían al artículo 21 del Estatuto de Autonomía. En éste, entre otras cosas, se señala en su apartado 3 que «todos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a los centros educativos sostenidos con fondos públicos». Los concertados, a diferencia de los privados y a semejanza de los públicos, reciben asignaciones con cargo al Presupuesto. Ahora, sin embargo, y como oposición a una ley que prepara el Gobierno central, la Junta prepara su alternativa a costa de poner en peligro un modelo –el concertado– en el que este curso estudian más de 330.000 alumnos.

«Atentado contra el sentido común y la elección de centro»

El PP considera que la medida de la Junta es «partidista» y no está basada en la normativa que prepara el Ministerio de Educación. «Esto es un atentado al sentido común, un atentando al derecho de elección de centro por parte de las familias y un atentado a la normativa vigente de conciertos y que en nada tiene que ver con el reglamento que el Ministerio está preparando», aseguró ayer la portavoz del PP-A de Educación en el Parlamento de Andalucía, Marifrán Carazo. Para los populares «la escuela pública de calidad es absolutamente compatible con la concertada».