El conflicto entre UGT y la Junta sigue su curso en los tribunales

El idilio que durante años mantuvieron UGT-A y la Junta se resquebrajó a golpe de titular hace unos dos años, cuando los medios comenzaron a desvelar el presunto uso irregular de los fondos públicos por parte del sindicato con informaciones que, según sostuvo el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, en el Parlamento regional causaron «alarma social». La grieta mudó en brecha y ha acabado en los tribunales. Una prueba de que ambas partes siguen dirimiendo sus diferencias en los juzgados se puede encontrar en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de ayer, en el que se publica una resolución de la Secretaría General del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) por la que se comunica a los terceros interesados que pudiera existir el inicio de un procedimiento contencioso-administrativo por parte de UGT contra el Gobierno andaluz por la petición de reintegro de una subvención concedida a su favor.

En el texto se explica que la organización sindical ha interpuesto un recurso contra una resolución de la Dirección General de Políticas Activas de Empleo del SAE, fechada el 28 de agosto de 2014, por la que se acordó pedir la devolución total de una ayuda asignada a UGT dentro del Programa de Fomento de la Empleabilidad y de la Cultura de la Calidad y que revocó la de noviembre de 2011 a través de la que se le otorgó la subvención.

Ahora, vía oficio, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Sevilla, ha ordenado al SAE que le remita el expediente en cuestión –el SC/FC/0001/2011–, para lo que disponía de un plazo «improrrogable» de 20 días a contar desde que la comunicación judicial entró en el registro general de ese organismo; así como la mencionada notificación a los terceros interesados en el procedimiento ordinario –539/2014– para que éstos «puedan personarse como demandados en el plazo de nueve días» en el juzgado sevillano.

El programa en el que se incluyó la ayuda a UGT tenía como finalidad esencial incentivar proyectos que promovieran «una cultura del empleo de calidad», fomentaran el trabajo «estable, seguro y cualificado» y redundaran en «un aumento de la calidad en el mercado laboral»; así como «completar la empleabilidad de aquellas personas que lo precisen», según se recoge en la Orden de 2007 en la que se fijaron las bases reguladoras con las que se repartieron esos fondos.

Algunos expedientes ligados a esos planes formaron parte de los 21 revisados por la antigua Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en una investigación interna abierta por la Junta a partir del escándalo mediático. De hecho, según expuso Sánchez Maldonado en comisión parlamentaria hace casi un año, en octubre de 2014, el Ejecutivo autonómico reclamaba entonces ya en firme a UGT el reintegro de 15,3 millones de euros por ayudas sin justificar. Una cuantía a la que el sindicato no podría hacer frente, según admitió su secretaria general, Carmen Castilla. Por ello llevaron la reclamación a los tribunales contenciosos administrativos, lo que dificultará que la Junta pueda recuperar ese dinero de momento. Pero no sólo Economía expurgó subvenciones destinadas a UGT. La propia Castilla desveló en una entrevista en Canal Sur Televisión que lo mismo hicieron otros cinco ex departamentos del anterior Gobierno andaluz hasta afectar a un total de 43 expedientes correspondientes a un amplio periodo temporal: de 2008 a 2013.

La organización sindical, con su líder al frente, han defendido que la Junta ha emprendido una «causa general» contra una organización cuya contabilidad escudriña el juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla en el conocido como el «caso de las facturas falsas». Con todo, el sindicato ha llegado a acusar a la Junta en una nota de «actuar de forma inquisitorial» y de buscar «un chivo expiatorio» para «preservar su imagen».