El Decreto contra la exclusión favorece al equivalente al 11,4% de los parados

Anuncio cumplido. El Consejo de Gobierno de la Junta dio luz verde ayer al Decreto-Ley de medidas extraordinarias para luchar contra la exclusión social, que destinará unos «recursos adicionales» de más de 120 millones de euros a paliar el impacto de la crisis en los colectivos más vulnerables.

Anuncio cumplido. El Consejo de Gobierno de la Junta dio luz verde ayer al Decreto-Ley de medidas extraordinarias para luchar contra la exclusión social, que destinará unos «recursos adicionales» de más de 120 millones de euros a paliar el impacto de la crisis en los colectivos más vulnerables. O, en palabras de la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, encargada de presentarlo, a «afrontar la pobreza con dignidad».

El Decreto-Ley contempla tres ejes: un plan de acción social dotado con 60 millones, otro de solidaridad y garantía alimentaria, con 16, y la agilización de, en esencia, procedimientos ligados al denominado Ingreso Mínimo de Solidaridad, que supondrá unas inversiones extra de 44 millones para intentar «reducir en dos meses la resolución de los expedientes». Dinero que «se añade a los 70 que se venían ejecutando en presupuestos anteriores» con ese fin, matizó Montero.

Según explicó, los 60 millones del primer bloque se distribuirán de la siguiente manera: 40 se transferirán a los ayuntamientos para que formalicen contratos de en torno a 1.000 euros «para el desarrollo de actividades de especial interés para la comunidad» y por un periodo de entre 15 días y tres meses. El reparto de fondos «se hará en función del número de parados» de cada municipio –registrados a 31 de diciembre de 2012– y se priorizará a familias y personas «en riesgo de exclusión». Los 20 millones restantes se destinarán a consolidar los servicios de ayuda a domicilio. ¿Su objetivo principal? «Amortiguar la caída del empleo» y mantener la dimensión horaria de la oferta de unos 12.000 andaluces, tras la disminución del aporte estatal al Sistema de Atención a la Dependencia.

El segundo apartado con 16 millones consta, a su vez, de dos vertientes: una a cargo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de Diego Valderas dirigida a apoyar a los voluntarios y las entidades locales en la recogida, acopio y distribución de alimentos; y una segunda que gestionará Salud con un presupuesto de 12 millones.

Esta última engloba la constitución de una red solidaria alimentaria, el reforzamiento de las bonificaciones de los precios públicos de los servicios de aula matinal y comedor escolar, la ampliación de los beneficiarios del comedor de los centros de participación activa de personas mayores y las ayudas a familias. Es aquí donde se encuadran las mediáticas tres comidas a los niños.

Se prevé que de los 72.000 menores que ya tienen bonificado el 100% del almuerzo, 46.800 cuenten gratis con el desayuno y la merienda. Los favorecidos serán sólo los menores que «estén realmente en situación extrema», aún por «certificar», y cada centro tendrá que elaborar su plan de actuación. Todo está aún por concretar, como en el grueso de las medidas que implica el nuevo Decreto-Ley, a la espera del «hilaje fino» de los servicios sociales.

En cualquier caso, ¿se trata realmente de 120 millones nuevos? Según se puede extraer de la comparecencia de la consejera, no. De hecho, aseveró que 60 millones «los recogían ya los Presupuestos» de su Consejería para «el programa de acción social», 12 se «pintaron» para solidaridad alimentaria y los cuatro que manejará el departamento de Valderas también se presentaron con las cuentas globales. Es decir, se deberán generar 44 millones de euros, no se especificó de dónde.

En cuanto a los beneficiarios de la norma, preguntada por ellos, Montero situó entre los 54.000 y los 54.500 los del primer bloque y en unos 113.913 a los del resto. En total, 168.413, aunque las cifras son estimativas. Cabe recordar que en la comunidad existen, según la última EPA, unos 1.473.000 parados, es decir, los favorecidos supondrían en torno al 11,4% de ese colectivo.

Las nuevas ayudas son incompatibles entre sí y el Decreto también tendrá perjudicados. Un ejemplo: no recibirán ayudas por natalidad quienes ganen unos 2.500 euros al mes.