El Estado tendrá que revisar el decreto antidesahucios tras la negativa de la CE

Los servicios jurídicos del Estado tendrán que revisar el decreto antidesahucios de la Junta tras la valoración negativa de la Comisión Europea (CE), según informaron fuentes del Ministerio de Economía a LA RAZÓN. El veredicto de la UE es «oficial».

La CE considera que el decreto antidesahucios puede afectar «negativamente» a la estabilidad del sistema bancario y que supone «un peligro potencial» para la «seguridad jurídica» y «la recuperación económica». La comunicación europea se conoció cuando la Consejería de Fomento y Vivienda inició el procedimiento de expropiación temporal de dos inmuebles en Málaga capital, el sexto y séptimo de la comunidad tras los producidos en Huelva capital; Motril y Charches-Valle del Zalabí, en Granada; Almonte (Huelva); y San Roque (Cádiz). La consejera Elena Cortés pidió «prudencia» hasta comprobar el grado de oficialidad del pronunciamiento de la Comisión Europea. Fuentes de este organismo informaron a LA RAZÓN en el mismo sentido. «Aún no ha llegado ninguna comunicación oficial al respecto y se desconoce si se trata de un intercambio público o privado», como el producido con un correo electrónico tras la aprobación del Decreto. No obstante, desde el Ministerio señalaron que el dictamen es «oficial». La Comisión Europea ha remitido una carta al departamento de Luis de Guindos. El decreto andaluz fue analizado en la última visita a España de los inspectores de la troika –Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional– a finales de mayo para revisar el cumplimiento del Memorándum de Entendimiento (MOU) firmado por el país a cambio del rescate bancario. Para la troika, el análisis del decreto andaluz era prioritario. De hecho, la consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, encabezó una expedición para explicar la norma al presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz. España tiene la obligación de consultar con la comisión y el Banco Central Europeo antes de tomar medidas que afecten al sector financiero y a los objetivos del rescate. La consejera Elena Cortés comentó ayer que «dados los antecedentes, con el episodio de la anterior supuesta carta de la Comisión que al final nadie aclaró, lo prudente es guardar distancia y esperar a comprobar qué grado de oficialidad tiene». La consejera de Vivienda recordó que el decreto, «plenamente efectivo desde el 12 de abril», «fue aprobado en el marco de las competencias del Gobierno andaluz y bajo el paraguas jurídico de la Constitución».