El ex interventor ratifica que pese a los informes tres consejerías no actuaron

El presidente del tribunal cuestiona el cambio de criterio de Gómez respecto a las subvenciones

La primera testifical del ex interventor Manuel Gómez, el 7 de marzo, coincidió con la efémeride del nacimiento de Santo Tomás de Aquino. En su declaración de ayer Gómez puso en solfa, acuciado el fiscal y el presidente del tribunal, su teoría de la unidad, según la cual, un ente es una realidad simple, esto es, incontradictoria. El ex interventor, que durante la Instrucción del «Caso ERE» se caracterizó por ir al ataque, se aferró, como en la anterior sesión, a la defensa numantina. Finalmente, a preguntas de la Fiscalía ratificó que en el Gobierno andaluz «no se atendieron las recomendaciones» de sus informes sobre las deficiencias en el sistema de ayudas sociolaborales y «no se tomaron medidas», los términos usados en su declaración ante el Supremo en 2015. Estos informes iban dirigidos a «tres miembros del Consejo de Gobierno» (los consejeros de Empleo, Viera primero y después Fernández; Innovación, Vallejo; y Hacienda, Griñán). Las preguntas del presidente del tribunal, por su parte, al igual que el Supremo, apuntan a la posible prevaricación de los imputados, señalando las contradicciones al insistir ahora el encausado en que «las ayudas sociolaborales no son subvenciones» vistas «con los ojos de hoy» sino «ayudas prestacionales». Gómez aludió a «un error terminológico» porque «en aplicación del decreto ley de 2012 no son subvenciones, Señoría».

Gómez señaló acerca de «las deficiencias en el tratamiento contable» que «no recuerda si lo trató con Martínez Aguayo u otra persona de la Consejería». Tampoco recordó «específicamente» reuniones con «el resto de consejerías» ni «podría afirmar categóricamente que las seis propuestas de intervención se aprobaron en los exactos y mismos términos en los que las formuló».

Acerca del control financiero permanente, declaró que solicitaron que «la contabilidad de la Junta ofreciera una versión más exacta de los destinatarios de la subvención» porque era un «dato opaco». «Quería que se reflejara el tipo de entidad que recibe la subvención», dijo. Manuel Gómez señaló que «no estábamos de acuerdo con las transferencias de financiación» y «finalmente el control logró un resultado, no fue un canto al sol. Era un compromiso para el futuro. En el informe de 2009, la intervención general hace un informe adicional y dice que respecto a los convenios con la Dirección General de Trabajo, IDEA se compromete a cambiarlo». «La Intervención puso observaciones en los informes y finalmente tuvieron éxito, tardío si se quiere pero cambió la conducta de los órganos, se abandonaron las transferencias, se fiscalizó el gasto y se regularon las ayudas, primero con una norma y después por decreto». Explicó que «la retención de crédito no tiene en absoluto la eficacia de suspender los pagos. No podemos bloquear un programa presupuestario. Lo hicimos para satisfacer compromisos anteriores». También dijo que «los problemas de desvíos eran objeto de despacho», igual que «la cuestión del déficit». «Lo conocía todo el mundo, consta en la Cuenta General», explicó, llegando a 95 millones en 2005 y 38 en 2006. Gómez insistió en que ni él «ni una docena de personas que han intervenido en el informe» determinaron «la existencia de un menoscabo», por eso no se comunica al consejero de Hacienda. «Cuando son conscientes de la situación, lo ponen de manifiesto en numerosas ocasiones», como «algo que había que corregir». Gómez volvió a arremeter contra los informes periciales por su «abuso argumental» y señaló que «cuando se quiere gestionar irregularmente, se gestiona irregularmente», indicando que hay «más gastos sin fiscalización previa y no por ello son irregulares».