Sevilla
El ex presidente de la SEPI ya tiene fecha para ir a declarar como investigado: el próximo 2 de diciembre
La instructora del "caso Aznalcóllar"reabre la causa, como ordenó la Audiencia de Sevilla
La instructora del "caso Aznalcóllar"reabre la causa, como ordenó la Audiencia de Sevilla
Guante de la Audiencia provincial recogido. La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández, ha acordado ampliar la investigación sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar a la agrupación empresarial Grupo México-Minorbis “a los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho , tráfico de influencias y fraude y exacciones ilegales”, los cuales se sumarán al de prevaricación, que ya se analizó.
En auto, fechado el 8 de octubre y al que accedió LA RAZÓN, la instructora ha mandatado que se solicite a la Junta de Andalucía, a través de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil , para que “informe sobre los cargos que ostentaban los miembros de la Mesa de Contratación y de la Comisión Técnica, tres meses antes de iniciarse la licitación para la adjudicación de la explotación de las actividades extractivas del recinto minero de Aznalcóllar y los puestos que desempeñaron tras el mismo y hasta la fecha en que se expida la información”. Unas indagaciones que deben alcanzar al que por aquellas fechas “era secretario de la Consejería de Economía e Innovación” y que con el tiempo se convirtió en presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, a quien el Gobierno central que comanda Pedro Sánchez cesó hace unos días debido a su implicación en este proceso judicial.
De hecho, la jueza cita a Fernández a declarar el próximo 2 de diciembre en calidad de investigado, al igual que a los hermanos Isidro y Mario López Magdaleno, dueños de la sociedad Magtel que tiene como filial a Minorbis, a los que convoca el 12 del mismo mes.
Además, Fernández en su resolución llama a declarar en la misma condición a todos los miembros de la Comisión Técnica y de la Mesa de Contratación vinculadas al concurso público en el que se otorgó la mina “a fin de que puedan mantener, ampliar o matizar sus declaraciones anteriores y prestar nueva declaración quienes no lo hicieron con anterioridad”.
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