El Gobierno de Díaz aún bebe de su herencia recibida

Seis de los proyectos de ley aprobados en esta legislatura estaban en el acuerdo programático que suscribieron PSOE e IU para investir a Griñán y cinco en el programa electoral socialista de 2012

El Gobierno andaluz, con Susana Díaz a la cabeza, ha hecho bandera de la selección pública de medicamentos, más conocida como subasta, avalada primero el pasado diciembre por el Tribunal Constitucional (TC) y hace sólo unos días por segunda vez. Pero, como recordó en su perfil de la red social Facebook el ex vicepresidente del Gobierno central y ex secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, el mismo día de diciembre que se conoció la decisión del TC, el que puso en marcha esa fórmula con la que» «buscar recursos para la sanidad pública» fue el equipo del ex presidente José Antonio Griñán, a quien nombró en su felicitación a los responsables de la Junta por la «victoria». Y no es la única medida de largo aliento que éste arrancó antes de soltar las bridas del Ejecutivo en agosto de 2013, cuando la sombra del «caso ERE» ya se cernía sobre él.

Fue también durante la etapa del ex presidente a las riendas de San Telmo cuando se fijó el objetivo de marcar la diferencia en materia de una transparencia que se aplicó a sí mismo, entregando en el Parlamento regional ya en junio de 2011 las declaraciones de IRPF de su familia de los tres últimos años en un debate sobre el estado de la comunidad.

Si se pone el foco en la agenda legislativa, cabe señalar que desde el inicio de la actual X legislatura, el Consejo de Gobierno ha tramitado 23 iniciativas legislativas: 13 proyectos de ley y 10 decretos ley, aunque uno de ellos acabó aprobándose como ley. Si se excluyen estos últimos, ligados por su propia naturaleza de norma excepcional a cuestiones de urgencia, así como las leyes de Presupuesto, el Ejecutivo autonómico actual ha gestionado 11 proyectos de ley. De ellos, más de la mitad, seis, ya estaban en el acuerdo político programático que suscribieron PSOE e IULV-CA en 2012 y que permitió la investidura de Griñán. Se trata del Proyecto de Ley del Deporte de Andalucía, que salió adelante ya como norma el pasado verano en la Cámara regional y que sustituyó a otra de 1998; el de Memoria Democrática de Andalucía; el de Servicios Sociales; el Proyecto de Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad; el de Participación Ciudadana; y el de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público. Todos se recogían además en el programa electoral con el que el PSOE concurrió a los comicios autonómicos de marzo de 2012, con Griñán como cabeza de cartel, salvo el relativo a la memoria histórica que se incorporó en el acuerdo con IU. De esas seis leyes pactadas con la federación de izquierdas, cuatro comenzaron a tramitarse durante la anterior legislatura. De hecho, la del Deporte y la de Memoria Democrática habían llegado ya al Parlamento autonómico cuando se dio por concluida aquella etapa.

Las cinco iniciativas legislativas de esta legislatura que no están vinculadas al Gobierno de coalición con IU o al programa electoral socialista de 2012 son el proyecto de ley para modificar la norma 7/2002 de Ordenación Urbanística con el fin de incorporar medidas sobre edificaciones construidas en parcelaciones en suelo no urbanizable, el de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias en la Contratación de Préstamos y Créditos Hipotecarios sobre Viviendas, otro para la concesión de un crédito extraordinario con el que sufragar las subvenciones a los partidos por los gastos electorales que asumieron por los comicios de marzo de 2015, el proyecto de ley de Medidas en Materia de Gestión Integrada de Calidad Ambiental, de Aguas, Tributaria y de Sanidad Animal, que también tuvo su origen en un decreto-ley que modificó la GICA; y un último, para la creación de los colegios profesionales de economistas existentes en las ocho provincias andaluzas. Los dos primeros, el cambio de la ley urbanística y el de protección de los derechos de los consumidores en la contratación de préstamos hipotecarios, se desarrollaron ya en la IX legislatura. El segundo se hallaba incluso en el trámite parlamentario cuando aquélla terminó.

En resumen, sólo tres de los 11 proyectos de ley mencionados se deben al impulso único de este Ejecutivo andaluz, los vinculados al agua, a las subvenciones para las formaciones políticas y a la creación de los colegios de economistas. Aunque a ellos hay que sumar el caso del Proyecto de Ley de Medidas Urgentes para Favorecer la Inserción Laboral, la Estabilidad en el Empleo, el Retorno del Talento y el Fomento del Trabajo Autónomo que se aprobó finalmente como ley en la Cámara regional, pero que procedía del Decreto-Ley 2/2015, que fue al que el Consejo de Gobierno dio el visto bueno y que se modificó de nuevo por decreto-ley.

¿Qué se quedó en el tintero de la pasada legislatura? De momento, no han llegado al Consejo de Gobierno convertidos en proyectos de ley anteproyectos recogidos en el «contrato» suscrito con IU como el de mecenazgo, el de acceso a los beneficios públicos y de medidas contra el fraude fiscal, el de formación profesional, el de juventud, movilidad sostenible, el de cambio climático o el de la creación de un ente público de crédito. No se ha avanzado tampoco en cuestiones como el estatuto del alto cargo, el del empleado público o la fiscalidad ecológica que se plantearon abordar en su día. Por el contrario, el actual Ejecutivo regional trabaja en anteproyectos de ley que se encuentran en diferente estado de trámite, como son los de las leyes de Retracto de Desahucios de Viviendas, Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público; Audiovisual de Andalucía; del Cine; la Coordinación de las Policías Locales; Fomento del Emprendimiento o la modificación de la ley de Promoción de la Igualdad de Género en la comunidad. Habrá que ver qué se mueve.