El Gobierno ha transferido a la Junta 6.100 millones para políticas de empleo desde 2003

El Real Decreto 467/2003 formalizó el traspaso de competencias a la Comunidad Autónoma de Andalucía de las políticas del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación. Desde entonces, todos los años los sucesivos gobiernos centrales han traspasado fondos en esta materia a la Junta de Andalucía, encargada de gestionar estas políticas a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). En total, contando la suma prevista para el presente ejercicio 2014, el Ejecutivo autonómico ha dispuesto, según la información del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de 6.134,1 millones de euros, un importe que no ha servido para que la región reduzca su diferencial de tasa de paro con respecto al resto de comunidades y se mantenga como la autonomía con el nivel de desempleo más elevado del país.

Andalucía tiene actualmente una tasa de paro del 34,74 por ciento, según la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre de 2014, prácticamente diez puntos por encima de la media del resto de España (24,47). En 2003, año en el que se transfirieron las políticas de empleo, la comunidad cerró el año con una tasa de paro del 18,43. El mínimo histórico de esta serie se alcanzó en 2006, con un 12,22 de desempleo en Andalucía –8,3 en el resto del país–.

El diferencial de desempleo en la región con respecto al resto de comunidades se ha mantenido estable en toda la serie histórica. Poco han contribuido los fondos destinados para cursos de formación a desempleados, una de las principales políticas activas de empleo y a la que se recurre para facilitar la inserción laboral.

En este sentido, el presunto fraude en los cursos de formación ha puesto al descubierto la ineficiente gestión de estos fondos. Ayer mismo, el portavoz de la Junta admitió que no habían podido revisar todos los expedientes en tiempo y forma porque se produjo «un cuello de botella». Sobre este caso, existen varios frentes judiciales abiertos. En la denominada «Operación Edu», con origen en Málaga, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y la Fiscalía Anticorrupción investigan a un entramado de empresas que se han dedicado a captar fondos concedidos por la Junta de Andalucía para acciones formativas que realizaron sin respetar los compromisos de contratación de los alumnos o que directamente no impartieron. Las pesquisas comenzaron en Málaga, pero se extienden a todas las provincias andaluzas.

También está en marcha la «operación Óscar» que instruye un juzgado de Cádiz y que se centra en las subvenciones para formación captadas por el entramado empresarial del ex consejero andaluz Ángel Ojeda. Aquí sí existen cifras más concretas. La Policía Nacional ha cifrado el fraude en 50 millones de euros.

Hay otra vía abierta por la jueza Mercedes Alaya y que afecta a una fundación pública de la Junta que también impartía cursos de formación y que recibió, según un informe de Cámara de Cuentas, 48,8 millones, cantidad que no justificó. Dentro de esta causa, la jueza de los ERE ha requisado a la Junta todos los expedientes de ayudas a la formación.

Y existe otra más. La que afecta a los fondos destinados al Plan Bahía Competitiva para la reindustrialización de Cádiz que contó con un Plan Integral de Empleo (PIE) financiado por el Gobierno central. El juzgado de Instrucción 4 de Cádiz investiga el destino final de 24 millones de euros.

Hay que recordar que el actual Ministerio de Empleo ha introducido cambios en los criterios de reparto de los fondos. Este año, la distribución, hasta en un 40%, está condicionada a la consecución de resultados. Para 2015 el porcentaje alcanzará el 60 por ciento.