«El Gobierno socialista ha reaccionado, pero creo que tarde»

En dos meses y medio ha logrado lo que muchos no creían que pudiera suceder: PP y Podemos unidos, junto a los grupos parlamentarios de C’s e IU, frente al PSOE de Susana Díaz. No ha sido fruto de la casualidad, detrás hay un enorme desgaste personal durante un intenso verano. Dieciséis kilos menos, pero aún energía suficiente para seguir peleando por los más indefensos, con el firme propósito de mantenerse «inflexible» hasta ver cumplido su objetivo. Antonio Guerrero es el portavoz de la Plataforma de Atención Temprana, un servicio extremadamente sensible y al que el Gobierno andaluz ha despreciado. La aprobación de una proposición no de ley (PNL) el pasado jueves en el Parlamento obliga al ejecutivo socialista a recular en la aplicación de un nuevo convenio marco «inasumible» tanto para las asociaciones encargadas de prestar el servicio como por las familias afectadas. «La Junta ha reaccionado, pero creo que tarde. La foto que ha salido es que el PSOE no quiere apoyar a los niños con trastornos», advierte Guerrero, un abuelo inquieto e implicado en la curación de su nieto, que tiene ahora tres años y padece un TEL (trastorno específico del lenguaje).

Probablemente, si usted no tiene en su entorno próximo un menor con algún trastorno o alteración del desarrollo no sepa que los Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT) no dependen del Servicio Andaluz de Salud sino de Salud Sociosanitaria, área que entre otras cosas «se dedica al estudio de las aguas fecales, el aire, la legionelosis...». Desde 2003 se han ido «poniendo parches», recuerda Guerrero. Y el nuevo convenio marco aplicado por la Junta de Andalucía desde julio, lejos de resolver problemas, los ha agravado, dejando «en una situación dramática a los niños y desesperada en los centros de atención» por «falta de viabilidad».

¿Cuál es el escenario actual? La Junta destina 10,9 millones para la atención de 19.000 menores de cero a seis años, sufragando 12,67 euros por una sesión que se cifra en un valor comprendido entre 27 y 30 euros. Hay un desfase de 15 euros. ¿Y en qué se traduce esto? Pues en que un menor al que, por ejemplo, diagnostican un TEA (trastorno autista) recibe una sesión a la semana cuando deberían ser cuatro o cinco. «Para atender a más niños con un presupuesto insuficiente se dan menos sesiones. Eso es tirar el dinero a la basura», recalca Antonio, que añade otra incidencia: la denominada poda cerebral –«todo lo que el cerebro no ha estimulado suficientemente lo elimina de manera permanente e irreversible»– que se produce entre cuatro y seis años. Salud Sociosanitaria ha firmado un protocolo con Educación para que a partir de los cuatro años los menores pasen del CAIT a las aulas de apoyo. «No vamos a consentir que esto sea así». Es decir, que en vez de especialistas en autismo o Asperger, los menores pasarían a ser tratados por monitores de Educación Especial.

Pese a estas condiciones, la mayoría de centros firmaron el acuerdo por temor a salir del sistema y a que los menores, sin plazas públicas, se quedasen en la calle. Sólo el colectivo de Autistas de Sevilla y el de Asperger no lo hicieron. A los menores con Asperger los están reubicando –el convenio aboga también por centros generalistas– y la realidad es que «hoy no hay plazas públicas de autismo» en Sevilla.

En principio, Guerrero inició esta batalla solo para tratar de defender a un colectivo que «está dejado de la mano de Dios», pero poco a poco ha aglutinado el apoyo casi total de familias, profesionales y asociaciones. Se dirigió al Parlamento «por ser donde está representada la voluntad popular» y, salvo el PSOE, el resto de grupos se posicionaron a su lado. El Gobierno andaluz, con quien primero contactó, nunca respondió a sus «25 email» destinados a la Consejería y a la propia Susana Díaz. Sólo a raíz de las apariciones en prensa obtuvo respuesta para «tratar de convencerme de las bondades del acuerdo» por parte de la Consejería, que posteriormente frenaría al PSOE en el posicionamiento favorable a la PNL acordada con los cinco grupos parlamentarios. El pasado jueves, «Francisco Vargas, portavoz socialista de Salud, mintió en el Parlamento» al asegurar que no tenía constancia de la propuesta, algo que indignó a Antonio Guerrero después de dos meses de lucha.

Eso sí, una vez aprobada la PNL, ha optado por «tender puentes» con la Administración. Las conversaciones «informales» de las últimas horas llevan a Antonio a ser «optimista». Los grupos parlamentarios han sido convocados esta semana, pero él no levantará el pie del acelerador.

El nuevo convenio marco aplicado también deja abierta la puerta a los centros privados. «Esto supondría que el sistema reventase», explica. Por eso, ya ha pedido a los cuatro grupos parlamentarios de la oposición que incluyan la Atención Temprana en el anteproyecto de la Ley de Calidad del Sistema Sanitario, para de alguna forma blindar a las asociaciones sin ánimo de lucro.

Susana Díaz da por finalizada hoy su baja maternal. «Si hubiese mediado, se habría colgado una medalla. Nos hacen falta 24 millones. Si hace falta, le indico las partidas presupuestarias que no se han gastado», añadió Guerrero, cuyo último recurso será, si fuese necesario, movilizar a los menores y llevarlos a la puerta de la presidenta.