El juzgado investiga ayudas que ascienden a 100 millones de euros

La secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla
La secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla

El perito designado por el juzgado que investiga un posible fraude en subvenciones por parte de UGT-A mediante facturas falsas para cuantificar el posible fraude en las subvenciones recibidas de la Junta entre los años 2009 y 2013 está analizando si se ha cometido delito en 15 expedientes de ayudas por valor de 100 millones de euros.

En un informe entregado el 3 de febrero, al que tuvo acceso Europa Press, el perito informa al juez de Instrucción número 9 de Sevilla del estado de la pericial para la que fue nombrado, y que consiste en «la cuantificación del posible fraude en subvenciones de UGT-A por las subvenciones recibidas de la Dirección General de Formación para el Empleo de la Junta para el periodo 2009-2013».

Al hilo de ello, el perito explica que son 32 los expedientes que abarcan el periodo mencionado, de los que serían objeto de la pericial «con seguridad» un total de 16, mientras que otros 15 «no lo serían por ser las cuantías de las subvenciones concedidas y los gastos objeto de la investigación insuficientes para que con respecto a esos expedientes se hubiera podido cometer fraude en subvenciones, de conformidad con el Código Penal».

En este sentido, precisa que estos 15 expedientes englobarían ayudas de entre 80.000 y 152.411,46 euros, mientras que los expedientes que «sí serían objeto de análisis» incluyen ayudas de entre 437.304 y 16.501.799,05 euros.

El perito añade que, de entre los tres tipos de gastos investigados y que son objeto de la pericial, los de alquiler de aulas para los cursos y de equipos necesarios para su impartición, todos ellos facturados por Soralpe, «son los de más fácil cuantificación contando con las cuentas justificativas». Para los otros tipos de gastos que constituyen el origen del trabajo –y también de las presuntas irregularides del sindicato–, como es el rapel y el denominado «bote», «se plantean más dificultades específicas, dado que las cuentas justificativas son insuficientes para la cuantificación de un posible fraude en subvenciones». El rapel consiste en un descuento aplicado por las empresas sobre subvenciones públicas y que iría a parar al sindicato, mientras que el «bote» es un saldo que acumulaba de forma igualmente ilícita la organización con estas empresas. Del bote, el perito considera que «determinar su existencia resulta poco menos que imposible dada la falta de conocimientos de los peritos nombrados en determinar el precio de las cosas y, por tanto, apreciar que en una determinada factura se estuviera ante este mecanismo defraudatorio».