El núcleo de Industria de Zapatero, imputado por el fraude del plan Bahía

Cuatro ex altos cargos del Ministerio de Industria del anterior Gobierno socialista y un técnico han sido imputados por su implicación en el supuesto desvío de fondos públicos que estaban destinados a regenerar económicamente la deprimida Bahía de Cádiz, según desveló ayer el diputado del PP Antonio Sanz, en el Parlamento de Andalucía.

Cuatro ex altos cargos del Ministerio de Industria del anterior Gobierno socialista y un técnico han sido imputados por su implicación en el supuesto desvío de fondos públicos que estaban destinados a regenerar económicamente la deprimida Bahía de Cádiz, según desveló ayer el diputado del PP Antonio Sanz, en el Parlamento de Andalucía. La Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado de la Policía Nacional investiga el destino de 25 millones de euros presupuestados a políticas de empleo en la provincia de Cádiz y que acabaron en un conglomerado de sociedades creadas ad hoc para captar las subvenciones. Todas pertenecían al entorno del empresario gallego Alberto Dávila Ouviña. Entre las analizadas se encuentran Cádiz Solar Center; Soluciones Tecnológicas Ambientales; Aquandalucía; Sostenibilidad, Ecología, Agua; y Bagazo.

Los nuevos imputados son la secretaria general de Industria, el director general, el subdirector general, el subdirector general adjunto y un técnico adscrito al Plan Bahía Competitiva. A la implicación de la cúpula del departamento que dirigía entonces el ministro Miguel Sebastián se suma la de los cargos relacionados con la Junta de Andalucía que ya han prestado declaración ante los agentes, como el ex gerente del Plan Bahía Competitiva Antonio Perales –hermano del histórico dirigente socialista Alfonso Perales, ya fallecido–. También hay imputados cargos de la Agencia IDEA, el ente público que pagaba las ayudas de los ERE y que también gestionó subvenciones para dicho plan. Recientemente, la concejal del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda María José Valencia, fue cesada por la alcaldesa Irene García, tras declarar en la Comisaría de la Policía Nacional de Cádiz en calidad de imputada por su presunta implicación en la trama.

Junto al Ministerio y Junta de Andalucía, existe una tercera administración –también gobernada por el PSOE durante el fraude– implicada: la Diputación Provincial, presidida entonces por el diputado en el Congreso Francisco González Cabaña. Técnicos de la institución supramunicipal han declarado en sede policial.

En el sumario del caso consta una grabación de una apoderada de una de las empresas receptoras de fondos públicos que asegura que eran «Perales y Cabaña los que decidían todo».

El Plan Bahía surgió de la necesidad de revitalizar la industria en la provincia de Cádiz, sobre todo tras la marcha de la multinacional Delphi en 2007, un plan de cooperación entre administraciones que sólo ha servido para dilapidar fondos públicos y que la Junta trasladó a la Fiscalía en 2011 ante las irregularidades detectadas.

Al margen de la instrucción judicial, el Tribunal de Cuentas alertó al Gobierno del mal uso de 16 millones de euros entre 2008 y 2011.

Según denunció Sanz, el plan, destinado a los parados gaditanos, sólo ha servido para «beneficiar a familias socialistas».