El nuevo director de Patrimonio, un procesado por prevaricación

El Consejo de Gobierno aprobó ayer el nombramiento de Juan Jesús Jiménez Martín como director general de Patrimonio de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. Nacido en el municipio gaditano de San Roque, es funcionario del Cuerpo General de Administradores del Gobierno andaluz, según consta en la biografía oficial que suele ir adjunta al cargo.

De hecho, y eso no está reflejado en la medida nota, la Dirección General de Patrimonio ya le adjudicó la subdirección de Edificios y Obras, según se publicó en septiembre en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Un puesto de libre designación, de los denominados «a dedo».

Con anterioridad, Jiménez Martín fue cesado el 8 de mayo –en virtud del Decreto 96/2012, registrado en el BOJA del día siguiente– como viceconsejero de la extinta cartera de Gobernación y Justicia, «agradeciéndole los servicios prestados». Y no es la única Viceconsejería que ha ocupado en su trayectoria profesional. De hecho, como ayer recordaba en su texto el Ejecutivo autonómico, estuvo al frente de la de Medio Ambiente desde 2008 a 2012. Un departamento en el que fue además consejero delegado de la Empresa Pública de Gestión Medioambiental, Egmasa –de 2004 a 2008 y antes de 2001 a 03–; así como secretario general técnico de la Consejería –1998-2001–.

Durante su etapa en la Viceconsejería de Medio Ambiente, la titular del juzgado de Instrucción número dos de Almería ordenó incoar procedimiento abreviado contra él, y el que fuera secretario general de la Delegación Provincial, Augusto Ignacio Segura, al estimar que ambos pudieron incurrir en un presunto delito de prevaricación administrativa.

¿La causa de esa decisión judicial? La orden de paralizar en junio de 2010 los trabajos previos de la promotora «Círculo Agroambiental» para la construcción de un hotel de 50 habitaciones en el paraje Campillo de Gata del parque natural de Cabo de Gata-Níjar, en Almería.

La Junta interpuso en junio recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Almería contra el auto de la juez por el que se ordenaba el procesamiento de Jiménez Martín, si bien, fuentes consultadas por LA RAZÓN afirman que el proceso no se ha resuelto. Desde Hacienda apuntan que la Fiscalía «ha pedido el archivo» de una causa que «es por no dejar construir no por pemitir hacerlo», minimizan. Fuentes sindicales insisten en que es un nombramiento «poco ético» y una muestra más del «dedazo» que critican incluso cuando el destinatario de aquél es un funcionario. En ese sentido, puede apreciarse la sucesión en el BOJA de resoluciones para cubrir vacantes de libre designación. Es más, todas las convocatorias en lo que va de año son de ese tipo, a excepción de una para cubrir una plaza de director del Servicio Provincial de Huelva en la empresa de Emergencias Sanitarias.