El Parlamento insta ahora a la Junta a regular las transferencias de financiación del «caso ERE»

Pide que la Intervención regule la operativa para su «correcta imputación»

Es un tema rumiado durante años. De hecho, en el juicio de la pieza política del «caso ERE» que ya se celebra en la Audiencia de Sevilla una de las patas que se analizan es si se hizo o no desde 2001 a 2011 un correcto uso de una herramienta, las transferencias de financiación, para nutrir las ayudas que, aunque se concedieron en la Consejería de Empleo, acabó pagando el IFA reconvertido luego en agencia IDEA. Y es un asunto que no se puede dar por muerto en 2018, 17 años después y con el escándalo de la mencionada «macrocausa» judicial de por medio, a la luz de una reciente resolución de la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento andaluz. En sesión celebrada el 30 de mayo de 2018, ésta aprobó, examinado el informe anual de la Cámara de Cuentas relativo a la Fiscalización de la Cuenta General de la Junta correspondiente al ejercicio 2016 –según el cual el Ejecutivo regional acumuló facturas en los cajones por valor de 942 millones de euros–, así como las propuestas de resolución relativas al mismo que los diferentes partidos presentaron, instar al Gobierno autonómico a cumplir un torrente de puntos. Entre ellos se incluye que, «a través de la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA) se proceda a regular o normalizar la operativa para la correcta imputación de las transferencias de financiación de explotación de las entidades receptoras de las mismas» que en el «caso ERE» fueron IFA e IDEA. Y se pide a la Junta otra cuestión vinculada al mencionado proceso judicial en el que sobrevuela si los diputados de la Cámara regional pudieron o no detectar el presunto fraude: que se revise «la metodología de enunciación y seguimiento de los programas presupuestarios». ¿Con qué objetivo? Que «sean útiles para proyectar las políticas presupuestarias desde el punto de vista funcional», se definan «de forma más precisa las actividades, los objetivos y los indicadores», que exista «una clara correlación entre ellos» y que «la cuantificación de las previsiones» se realice de manera «realista y soportada», según se puede comprobar en el número de ayer del Boletín Oficial del Parlamento Andaluz (BOPA).

Más allá de la utilización de las transferencias de financiación, el Parlamento conmina a la Junta a «intensificar las medidas que permitan la disminución de los saldos de libramientos pendientes de justificar». «Es preocupante –se asevera en el texto publicado en el BOPA– que exista un montante de 2.018,03 millones de euros pendientes de ejercicios anteriores –a la luz de lo reflejado en el documento de la Cámara de Cuentas– y que la antigüedad abarque hasta el año 1987». En ese sentido, se advierte de que «la demora en el análisis de esta cuenta por parte de la Administración puede llevar a la prescripción de los posibles reintegros» que pudieran ser pertinentes y «la caducidad de los ya iniciados». E hilvanado a ese punto, se puede destacar también que la Cámara busca que se pongan en marcha iniciativas normativas y se mejoren procedimientos «en materia de recuperación de cantidades derivadas de los quebrantos de avales, en los distintos órganos implicados» y, en particular de la agencia IDEA.

La comisión parlamentaria pone el foco además en la transparencia y marca el camino al Gobierno autonómico: debe trasladar la «obligatoriedad» de que «la información presupuestaria y las cuentas anuales de todas las entidades que forman parte del sector público andaluz» tienen que ser «presentadas en plazo» y de un modo homogéneo. Y han de establecerse elementos de «penalización» para las que hagan oídos sordos. «Es imposible concebir la transparencia de la Administración si existen partes del propio sector público que no facilitan la información correspondiente», hacen resbalar en su texto.