El PP ve manipulación en el contrato de 47 millones que se publicó a los cinco años

Sevilla- Dos meses después de que este periódico informara sobre el contrato de 47 millones para alquiler de vehículos de la extinta Egmasa, cuya adjudicación se publicó en el Boletín Oficial del Estado con cinco años de retraso, la Junta dio audiencia a la oposición para que comprobara el expediente en la sede de la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya).

El mencionado contrato, «de suministro de vehículos mediante la modalidad de renting», lo licitó Egmasa en agosto de 2007. Sin embargo, la publicación de la adjudicación se produjo en el BOE en diciembre de 2012. Lo consiguió la Unión Temporal de Empresas Universal-Carsan-Bujarkay. Esta última, radicada en Jaén, es propiedad de Fidel Castillo Punzano, bien relacionado con dirigentes socialistas. Entre ellos, el ex gerente de Egmasa en Jaén, Rafael Valdivieso Sánchez, sobrino de Gaspar Zarrías; y José Álvarez Molino, ex alcalde socialista de Santiesteban del Puerto y actual gerente en Jaén de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, que absorbió a Egmasa tras la reordenación del sector público. Álvarez Molino era gerente provincial de Egmasa cuando se licitó y adjudicó el contrato.

El PP llevó a principios de abril el caso al Parlamento. Y la Junta dio luz verde para que este partido pudiera revisar –la semana pasada– el expediente de la adjudicación que ha negado a este periódico pese a reclamarlo insistentemente antes de la publicación de la información. De la revisión de los documentos, el portavoz del Grupo Parlamentario popular, Carlos Rojas, y la diputada Carolina González Vigo deducen que se ha producido una «manipulación».

En este sentido, señalan en las conclusiones de la revisión que «todos los folios del expediente tenían grapas, que han sido quitadas, añadiendo documentos nuevos y antiguos».

Asimismo, antes de la adjudicación, la Junta solicitó a las empresas que concurrieron a la oferta documentación relativa a los curriculums de las personas responsables en caso de resultar ganadores. Mientras dos empresas excluidas sí aportaron esa documentación, la UTE no lo hizo, o al menos no correctamente. «En el expediente sólo figura un folio suelto sin nombres y apellidos, que apunta a ser la continuación de un 'curriculum' que ha sido eliminado, que refleja la experiencia de algún miembro de la UTE entre los años 1998 y 2005». En el PP se preguntan si «es que tal documentación nunca se aportó o es que hay interés en que no se supiera quién se había elegido como responsable».

El PP también detecta algunos descuadres de fechas. Por ejemplo, que el informe de valoración técnica esté fechado el 29 de noviembre de 2007, días después de que se produjera la adjudicación: el 26 de noviembre.

Además de la citada UTE, se presentaron las empresas Leaseplan Servicios, Record Rent a Card (ahora North Gate España) y Cepsa Card. La oferta más económica no fue la de la UTE, de 41,3 millones de euros, sino la de Record, con 39,88 millones de euros.

Respecto a la valoración de las ofertas, el PP también señala en sus conclusiones que algunos parámetros subjetivos son los que le valen a la UTE para hacerse con el jugoso contrato. Así, en «adecuación, racionalidad y viabilidad de la programación de los trabajos», la UTE obtiene diez puntos de un máximo de 20, mientras que las otras empresas no obtienen ningún punto.

La Cámara de Cuentas ha censurado reiteradamente que se incluyan cláusulas subjetivas para valorar la oferta más ventajosa. En el informe de la Cuenta General y Contratación Pública de 2011 detecta que esto se produce en diez de los 35 procedimientos analizados por el órgano fiscalizador.

A LOS DOS MESES DE LA PUBLICACIÓN

La transparencia no ha primado precisamente en la gestión de este caso. La Consejería de Agricultura ha negado reiteradamente a este medio información sobre datos del expediente de adjudicación. La única explicación fue en el Parlamento. El consejero del ramo dijo que el lustro de retraso en la publicación del contrato se debió a un «error informático». Dos meses después de las informaciones de este periódico, el PP pudo revisar el expediente en la Agencia de Medio Ambiente, escoltado por asesores y sin la posibilidad de hacer copia de documentos o fotos. Para que esto cambie, el PP ha propuesto una modificación del reglamento.