El teletrabajo divide a los funcionarios y a los partidos políticos

El «plan B» de la Junta para sortear la sentencia del Tribunal Constitucional no satisface a todos los afectados. Las dos horas y media semanales de teletrabajo computables con cursos de mindfulness, idiomas o sobre el Estatuto de Autonomía de Andalucía, ha indignado a muchos empleados públicos. El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) aseguró ayer que está recibiendo muchas comunicaciones de trabajadores de la administración advirtiendo de «que no van a utilizar el catálogo de actividades de la Junta para cumplir las 37,5 horas ni están dispuestos a hacer 2,5 horas en su hogar ni fuera de su centro de trabajo, y no lo van a hacer por dignidad».

Hay que reseñar que el catálogo de actividades no es de obligado cumplimiento y que los afectados tienen la posibilidad de cumplir esas 2,5 horas semanales de manera presencial. En ambos casos, son los centros directivos los encargados de verificar que se cumple la jornada semanal de 37,5 horas, tal y como ha dejado claro el Tribunal Constitucional.

Hay otro colectivo de empleados públicos a los que tampoco les gusta esta alternativa. En este caso, por discriminatorio. El propio texto de la Junta argumenta que «el seguimiento de la jornada y el catálogo de actividades y recursos se aborda de manera específica y diferenciada para el sector sanitario, el sector de Administración General y el sector instrumental». Los médicos consideran que a ellos les ha tocado la peor parte.

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) mostró ayer su descontento. En un comunicado denunció la «discriminación ominosa a los profesionales sanitarios». Las ventajas comparativas para los funcionarios de la Administración General son evidentes. Apuntan que cualquiera de ellos, independientemente de su nivel de formación –estudios primarios, FP1, FP2, grado o licenciatura– «dispondrá de un abanico formativo de más de 2.500 horas mientras un facultativo solo dispone de 90 horas». El personal sanitario está obligado a realizar un curso de autoevaluación de competencias y dispone de 17 acciones formativas –todos de cinco horas excepto uno de diez sobre prevención de riesgos laborales–. La Consejería de Hacienda y Administración Pública apunta en el documento que publicó el lunes por la tarde que «las horas certificadas tras la finalización del proceso de evaluación de nivel de dominio o destreza en cada una de las buenas prácticas contenidas en su mapa de competencias serán computadas como jornada laboral».

Los sanitarios no sólo se quejan de una menor oferta, sino que a ellos se les hurta otros privilegios: «Cualquier funcionario de la Administración general podrá justificar horas por participar en congresos mientras que los congresos médicos no computarán», lamentan. Igualmente, realizar un máster o cualquier curso impartido en un centro acreditado «tendrá efectos para los funcionarios pero no para los médicos».

Otro ejemplo de lo que consideran algo inadmisible es que para determinados empleados públicos «aprender inglés o francés puede suponer unas 100 horas de cómputo de trabajo y para un médico que trabaje, por ejemplo en Urgencias de Marbella, no le sirve para nada el idioma y no le computan esas horas».

La Junta, en cualquier caso, tiene el aval de los sindicatos «de clase». Tanto UGT como CC OO apoyan este acuerdo, han valorado positivamente este catálogo de cursos y han pedido participar en la comisión de seguimiento para analizar su desarrollo. En esta misma línea también se ha pronunciado CSIF.

En el terreno político, la solución ideada por la Junta también ha creado controversia. Ningún partido político se ha mostrado contrario a la jornada laboral de 35 horas semanales que beneficia a un colectivo de 270.000 empleados repartidos por toda la comunidad autónoma. Eso no significa que apoyen este catálogo de actividades ni el teletrabajo.

Desde Ciudadanos, su portavoz Juan Marín anunció ayer que reclamarán explicaciones al Gobierno andaluz en el Parlamento: «Queremos saber en sede parlamentaria su opinión porque evidentemente esas dos horas y media tienen que ser productivas; entiendo que hay muchas fórmulas y vamos a intentar que se nos explique», dijo.

Por su parte, el PP responsabilizó a la Junta de esta situación al impulsar una normativa para la que no tiene competencias. La portavoz de los populares andaluces en el Parlamento, Carmen Crespo, acusó a Susana Díaz de haber «dañado la imagen» de los funcionarios con su actuación con el único objeto de mantener la «confrontación» con el Ejecutivo central.

Desde el PSOE dan la vuelta a este argumento y consideran que es el PP el que «ridiculiza» el catálogo de actividades que podrán desarrollar los funcionarios para completar su jornada laboral.

Los socialistas han encontrado aliados desde la izquierda. La portavoz adjunta de Podemos Andalucía Esperanza Gómez consideró que «mientras no se pueda hacer otra cosa, nos parece una buena solución».