Imputan a Torrijos por el millón «perdido» en DeSevilla

Suma su tercera causa, tras ser procesado en el «caso Mercasevilla» y por un presunto delito de coacciones.

Tercera imputación del ex teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos por su gestión en el Consistorio sevillano mientras gobernó en coalición con el PSOE. Además de estar encausado en la rama del «caso Mercasevilla» que investiga la venta «fraudulenta» de los terrenos del mercado y en un procedimiento por un presunto delito de coacciones contra empleados de la sociedad Sevilla Global, ayer sumó una nueva imputación por la sospecha de que pudo utilizar la ya extinta Fundación DeSevilla para «fines particulares o partidistas», tal y como apuntó en su día la Fiscalía.

En una providencia dictada el pasado miércoles, el juez de Instrucción número 16, Juan Gutiérrez Casillas, responde así a la petición realizada por el actual Gobierno local del PP y la propia Fiscalía de Delitos Económicos, citándolo a declarar el próximo 18 de noviembre por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental.

El magistrado asegura que las actuación de Torrijos «se desvió de los fines para los que las subvenciones fueron concedidas» y que resulta «clave y esencial» su declaración como delegado de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento, puesto que «tuvo una participación directa en la firma del convenio» que sustenta las ayudas investigadas, así como un «conocimiento pormenorizado del devenir económico y las circunstancias de la fundación». También pone el acento en que existen cantidades que «no se han justificado» sobre las que «no se ha iniciado expediente de reintegro o investigación alguna».

Cabe recordar que la Guardia Civil emitió un informe en el que advertía de que 935.890 euros procedentes de diferentes subvenciones del Ayuntamiento hispalense se destinaron a otros fines diferentes a la cooperación al desarrollo en Palestina, Nicaragua o La Habana. La Benemérita considera que, si la fundación no realizó el gasto, «debería devolverlo y, si no puede afrontar la devolución por no tener patrimonio, entonces es que fue invertido en otros fines distintos para los que fue concedido».

En la causa ya están imputados Carlos Vázquez, secretario provincial del PCA y delegado no electo de Economía y Empleo del Ayuntamiento durante el anterior mandato, y el ex director gerente de la fundación Miguel López Adán. Precisamente, para seguir el rastreo de estas subvenciones, el juez ya ordenó investigar, a petición de la Guardia Civil, las cuentas o depósitos bancarios de Vázquez y López Adán. Sobre el primero, los investigadores insisten en su papel «fundamental» en la gestión de la fundación, puesto que era patrono de la institución, mantenía reuniones periódicas con la Intervención y estaba autorizado para las propuestas y firmas de proyectos ante el Ayuntamiento.

Antes de llegar a estas conclusiones, los agentes tomaron declaración como testigos al interventor municipal y a un auditor de la empresa Deloitte, que fiscalizó la gestión del organismo. El interventor recordó que en junio de 2011 emitió un informe alertando del gasto de subvenciones en fines distintos a los originariamente concedidos y el auditor aseguró que la situación contable que se verificaba cada año «hubiera llevado a la destitución de los responsables de cualquier otra sociedad». De su lado, Torrijos ha echado balones fuera sobre este asunto y ha asegurado que se siente «absolutamente tranquilo» ante su ya efectiva imputación.