Junta y sindicatos perfilan otro frente contra el Gobierno por la formación

Las líderes de CC OO-A y UGT-A reclaman un plan especial de 1.000 millones de euros

Las máximas dirigentes de CC OO y UGT en la región, Nuria López y Carmen Castilla, reclamaron ayer al Gobierno central y a la Junta de Andalucía que implementen un plan extraordinario de formación para invertir «los más de 1.000 millones de euros» que no se han gastado en los últimos años pese a que son los propios trabajadores –esgrimieron en un acto de Forum Europa en Sevilla– los que han aportado este dinero con las contribuciones de sus nóminas. Muy cerca del atril estaban sentados representantes del Ejecutivo andaluz, entre los que se encontraba el vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios.

El anuncio no es del todo nuevo. Prueba de ello es que el diputado socialista Francisco Javier Aragón, en la comisión de Empleo del pasado 19 de octubre, sumó entre los supuestos agravios del Gobierno «esos 1.000 millones de euros que –según argumentó– también reclama CC OO como no invertidos o no gastados en las cotizaciones de las cuotas de Formación Profesional para el empleo, que corresponden a los parados y que el Gobierno central no ha gastado este año en nuestra comunidad». Lo realmente novedoso es que sean directamente las líderes de CC OO-A y UGT-A las que enarbolen de manera coordinada un discurso que se dirige fundamentalmente contra el Gobierno central, ya que la Junta también ha sumado al capítulo de agravios las transferencias no ejecutadas del departamento que dirige Fátima Báñez.

Conviene sin embargo precisar varios aspectos. El primero, es que el déficit de inversión en formación se ha generado como consecuencia de que la Junta paralizó en el año 2012 las convocatorias de cursos tras saltar a la luz irregularidades de las que se ocupa en su mayoría el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Estas convocatorias no se han reactivado hasta este año –por tanto la Junta ha dejado pasar un lustro en blanco– y lo han hecho al ralentí. Esto es lo que ha provocado la no ejecución de las transferencias de políticas activas de empleo provenientes del Gobierno de la nación. Los datos los puso de hecho por escrito el Ministerio de Hacienda a través de una carta remitida al ex consejero de Empleo José Sánchez Maldonado. Entre 2012 y 2017, Andalucía dejó de ingresar 907,2 millones en políticas activas de empleo debido a la no ejecución en años anteriores. La postura del Gobierno central es que estas cantidades no se pueden pagar con efecto retroactivo, como coinciden ahora en reclamar tanto la Junta de Andalucía como CC OO y UGT.

«Queremos que haya un acuerdo entre las dos administraciones en torno a la puesta en marcha de un plan extraordinario para desarrollar las sinergias a las que los trabajadores se van a tener que enfrentar por esos procesos de automatización y digitalización, teniendo las mismas oportunidades», deslizó Nuria López. Lo cierto es que en este momento no sólo la formación para desempleados está al ralentí –con la ejecución de apenas un 8 por ciento de las partidas presupuestadas para 2017–, sino que la Junta mantiene en el dique seco la formación para ocupados y la formación para autónomos, tal y como criticó ATA en su reciente posicionamiento para evaluar los presupuestos del año próximo.

El PP ha censurado de manera reiterada la no ejecución de los programas de Formación Profesional para el empleo por parte de la Junta. Según los datos de esta formación, sólo entre 2013 y 2016 el montante total no invertido asciende a 2.365 millones.