La «desastrosa» gestión ambiental del bipartito deja retos pendientes

«2012 pasará a la historia como el momento en el que la Junta despertó y tomó conciencia del enorme desaguisado de viviendas que habían permitido muchos alcaldes en suelo no urbanizable y, de forma apresurada y un tanto chapucera, intentó remediar la situación con un Decreto de Regularización». Hablan fuentes de Ecologistas en Acción de Málaga, que recuerdan que su organización comenzó en los 90 a denunciar «este proceso urbanizador de baja intensidad, pero de alta extensión en comarcas minifundistas con atractivo turístico como la Almanzora, la Axarquía o la Costa del Sol, donde la actividad agrícola fue reemplazada por el negocio especulativo de compra-venta de tierras y luego por el inmobiliario dirigido, sobre todo, a compradores centroeuropeos».

Apuntan que el Gobierno andaluz se agarró a que «el asunto era competencia municipal», hasta que «las fiscalías de Medio Ambiente empezaron a usar el Código Penal». «Iniciativa loable, pero insuficiente por la magnitud del problema que, además, se escurre por la prescripción, es decir, el agotamiento del plazo legal para litigar», argumentan.

Calculan que en 2012 el volumen de esas viviendas «alcanzó las 100.000 unidades, desparramadas por el ya deteriorado espacio rústico». «En un intento de lavar la cara –lanzan–, se puso en marcha el Decreto que en la práctica supone una amnistía a los delincuentes urbanísticos, al obviar la perpetración de un delito contra la ordenación del territorio». «Si bien –puntualizan–, a estos delincuentes no les gusta el regalo porque tienen que hacer inversiones y cubrir gastos, además de quedar en situación de 'fuera de ordenación', lo que daña sus aspiraciones especulativas». «El Decreto no ha solucionado nada», avisan, para preguntar: «¿Se es consciente de que este asunto es una bomba de relojería?».

ALMERÍA: El Algarrobico

El bipartito tiene otro tema pendiente para 2013: el Algarrobico, en Carboneras. Los ecologistas responsabilizan a «sus promotores, el Ayuntamiento, la Junta y el Gobierno central» de «violar» la Ley de Costas con sus primeros ladrillos. Ahora el Supremo «ha manifestado que la servidumbre de protección es de 100 metros –los invade– y que el Plan Parcial –que lo amparó– debió respetar esa distancia». Y lo ha hecho en tres sentencias firmes. Hay más: afirman que El Algarrobico «no sólo es ilegal por invadir esa servidumbre, vulnera también la normativa medioambiental». Relatan que en 1994 la Junta publicó el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar e incluyó como espacio protegido no urbanizable el sector del establecimiento hotelero, por ser los terrenos de un alto valor ecológico. En ese sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha estimado en un fallo reciente «que El Algarrobico es espacio protegido no urbanizable desde que se publicó el PORN en 1994». «Por tanto –defienden–, la licencia de obras del Ayuntamiento en 2003 para construir en él es manifiestamente ilegal». En las próximas semanas el TSJA determinará si lo es o no. «En el probable caso de que sea favorable a las tesis ecologistas –deslizan–, las administraciones ya no tendrán disculpa para demolerlo con cargo a los culpables de la ilegalidad». ¿Lo veremos este año reducido a escombros?

JAÉN: «Expolio» de agua

La organización «verde» aporta desde Jaén otro conflicto ambiental no resuelto. «En 2006 la comunidad privada de Regantes Beas de Segura realizó tres sondeos en el paraje de El Maguillo, situado en un monte público del Parque Natural Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas». ¿Para qué? «Captar aguas subterráneas destinadas al riego de 654 hectáreas de olivar, fuera de los límites del mismo». Es un espacio Reserva de la Biosfera, Red Natural 2000, Zona de Especial Protección para las Aves y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). Las extracciones «comenzaron en 2010 con un caudal de 45 litros por segundo», exponen. Una explotación «desmesurada» del acuífero que provocó la inmediata afección en las fuentes y manantiales del lugar «de los que ya se extraían 40 litros para abastecimiento urbano». Creen que el procedimiento «ha estado repleto de irregularidades» como la publicación de la Declaración de Impacto Ambiental un año y medio después de concederse y una vez concluidas las obras.

Ecologistas en Acción-Jaén llevó su lucha hasta el Parlamento europeo y en mayo de 2012 Bruselas inició un expediente sancionador por vulnerar las normas comunitarias. Pese a ello, «ni la Junta ni la Confederación Hidrográfica impidieron las extracciones en 2012», con los consiguientes «daños a la biodiversidad».

De hecho, el 3 de diciembre, la Comisión europea calificó de «manifiestamente insuficiente» las medidas adoptadas «por no respetar el principio de cautela, pilar básico de la política medioambiental de la UE, por lo que la tramitación del expediente sancionador al Reino de España continúa», comunican.

GRANADA: «Universiada»

Preocupa en Granada el Programa de Actuaciones Universiada 2015, vinculado al puerto de la Ragua, en el Parque Nacional de Sierra Nevada. Para los ecologistas «se perfila como el último de los grandes atentados a ese macizo montañoso bajo una falsa promesa de desarrollo y creación de empleo». De nuevo, es un área parque nacional, natural, Reserva de la Biosfera, LIC, Zona de Especial Protección para las Aves y de Especial Conservación, con puntos incluidos en el Convenio Ramsar de los humedales.

Los activistas aseguran que el proyecto presentado supone movimientos de tierras «en casi 30.000 metros cuadrados de superficie y un volumen de 30.000 metros cúbicos» en un espacio natural «con uno de los índices de endemismo más altos de Europa». Recelan, asimismo, «del sistema de innivación artificial planeado a lo largo de 2.600 metros de pista, pese a la escasez de agua en la Ragua». Temen que se transporte agua de «Calahorra, a unos 20 kilómetros», o se extraiga nieve «de neveros del parque», si no hay cuando se celebren las pruebas. Por todo ello, abogan por que se renuncie a la Universiada, «como han hecho otras ciudades designadas como Maribor 2013 en Eslovenia», y conservar el puerto.

CÓRDOBA: Incineración, no

«Cuando en 2007 la cementera Cosmos anunció su intención de incinerar residuos en los hornos de su fábrica de Córdoba se produjo una rápida respuesta ciudadana plural y de tal calibre que obligó a la empresa a renunciar a esa actividad unos meses más tarde», recuerdan los activistas cordobeses. Y desenredan sus temores: «La fábrica está situada a 150 metros de viviendas y un centro escolar de enseñanza Infantil y Primaria». Subrayan que Córdoba «lleva 80 años trabajando por un aire limpio» y atribuyen a «la lucha vecinal» el que «la empresa instalara filtros que eliminan, al menos parcialmente, la emisión de contaminantes». Si bien, a finales de 2011, «al rebufo de la crisis de la construcción y, asociada a ella, la del sector del cemento», Cosmos movió ficha «traicionando los compromisos adquiridos con los grupos municipales y con la ciudadanía», denuncian. La empresa retomó su propósito «de hacer uso de la Autorización Ambiental Integrada otorgada por la Junta, fruto de una desastrosa política autonómica de gestión de residuos, para incinerar en sus hornos neumáticos, plásticos agrícolas, lodos de depuradora y residuos orgánicos». ¿Reacción? La creación de la plataforma Córdoba Aire Limpio integrada por asociaciones vecinales y de padres, consejos de distrito, partidos, grupos juveniles y ecologistas. Son rotundos: no cederán y volverán a hacer prevalecer «los intereses comunitarios a los mercantiles de una corporación que ha dejado claro que antepone su cuenta de resultados y el reparto de dividendos entre sus accionistas, a la salud pública».

HUELVA: Suelo erosionado

Los «puntos negros» medioambientales continúan en Huelva ligados al Polo Químico o la gestión del entorno de Doñana, pero no sólo. Los ecologistas onubenses ponen el acento en los eucaliptos. Exponen su discurso. «Los cultivos madereros de esta especie ocupan ya casi un millón y medio de hectáreas en la Península Ibérica –650.000 en Portugal y 760.000 en España–». Las mayores concentraciones en territorio español «se dan en la cornisa cantábrica, Galicia y Andalucía y, dentro de ésta, en Huelva, donde se explotan 150.000 hectáreas», desglosan. ¿Los propietarios de esos terrenos? «Ayuntamientos, Junta y el Grupo ENCE, que gestiona más de 68.000», aportan. Desde Ecologistas reclaman que esos árboles «se eliminen de la Red de Espacios Protegidos y de la Red Natura 2000». Piden también que se abandonen «los aterrazamientos como técnica de preparación del suelo, por los graves daños que provocan» y «la consideración del eucalipto como cultivo, en lugar de especie forestal. Criterio a tener en cuenta a la hora de procesos de ordenación del territorio».

CÁDIZ: Polémica urbanización

El Plan Parcial SL1 Valdevaqueros, que incluye un complejo urbanístico de 740.000 metros cuadrados con 350 viviendas y varios hoteles, aprobado por el Ayuntamiento de Tarifa, tiene el foco en Cádiz. Creen que la «macrourbanización» afectaría «gravemente» a una playa virgen, al estar incluida –de forma parcial, una parte del complejo es colindante– «en el Parque Natural del Estrecho, un LIC, zona ZEPA y Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo», junto al Parque Natural Los Alcornocales. El proyecto ha levantado polvareda y 91.000 personas han firmado ya un manifiesto de oposición remitido al Consistorio, la Junta y la Unesco. «Existen argumentos jurídicos para impedir la urbanización del valiosísimo litoral natural»», manifiestan. ¿Entre ellos? El PGOU de Tarifa, aprobado en 1991, pero ratificado en 2010 para adaptarlo a la LOUA, «no cumple las normas del POTA aprobado por el Parlamento y el Gobierno andaluz en 2006». Y hay más: el plan, que «no se ha sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental», vulnera el PORN del parque del Estrecho, entre otras cuestiones. Con todo, el Plan Parcial de Valdevaqueros se aprueba y se publica en el BOP de Cádiz el 7 de noviembre y esa jornada «se inscribe en el registro de Instrumentos Urbanísticos dependiente de la Consejería de Medio Ambiente», suman. 20 días después, el 27, «la Junta da luz verde al Decreto-Ley 5/2012, de medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral, que propone la paralización cautelar de los planes que se tramitan en la costa». Con otras palabras: «Valdevaqueros se escapó por 20 días. ¿Casualidad, acuerdo...?».

SEVILLA: Un aviso

Desde Sevilla alertan de los «riesgos futuros» de la Mina Cobre Las Cruces. Sostienen que la empresa «tiene un proyecto para compensar la extracción permanente de aguas subterráneas, que provoca el llamado Sistema de Drenaje-Reinyección (SDR), consistente en la recarga artificial del acuífero con aguas del vertido de una depuradora (EDAR) de Sevilla». «El acuífero –radiografían– es una reserva estratégica para consumo humano en épocas de sequía y la mina, en vez de evitar sus pérdidas, pretende rellenarlo con aguas residuales urbanas». Avisan también de que «la planta para Tratamiento de Estériles recibe residuos tóxicos con mucho más volumen y humedad de la prevista», o sea, «no son secos sino lodos», lo que podría provocar «el llenado de la planta en cinco años». Aparece el fantasma de Aznalcóllar.