La ex interventora general apunta a Empleo y a la Dirección General de Trabajo

«Un procedimiento irregular no es indicio de menoscabo», señala Marcos en su segunda jornada de declaración en el «caso ERE»

La interventora de la Junta de abril de 2010 a mayo de 2012, Rocío Marcos, continuó con su declaración como testigo en el juicio sobre el procedimiento específico de los ERE, insistiendo en que «ni era procedimiento ni era específico» y en que existía «un ángulo muerto» en el uso de las transferencias de financiación que «facilitó» el fraude. Marcos señaló que la Intervención hizo «más de lo que podía» para evitar las irregularidades y desde la Consejería de Hacienda también se intentó evitar, mejorando los controles y creando un procedimiento. Marcos situó la responsabilidad de las irregularidades en «la Consejería de Empleo», en concreto, en «la Dirección General de Trabajo», haciendo hincapié en que «un procedimiento irregular» no tiene una relación «causal» con los menoscabos, esto es, puede «facilitar» que haya fraude pero no es causa en sí del delito sino que depende de la gestión. «El sistema de control más perfecto no impide incumplimientos. Todos los riesgos no pueden evaluarse. No somos omnipotentes ni omnipresentes», dijo Marcos.

«Un procedimiento irregular, o con indicios de nulidad o con compromisos adquiridos sin crédito, no es igual a menoscabo. En 2010 no había indicios», explicó, a pesar de «habían escapado al control reglado de los interventores», por el mencionado «ángulo muerto», casi 800 millones. Sobre la reiteración de «subvenciones excepcionales», indicó que «la Intervención en algunos casos recomendó dictar una norma reguladora». Marcos insistió en que no se elaboró un informe de actuación porque «las irregularidades» no estaban «en el ente auditado» y «no se ve menoscabo de fondos». La Intervención «hizo más de lo que tenía que hacer». «Eran imposibles los controles reglados» y «no se detectó desvío de fondos», especificó. A preguntas de los abogados del PP-A, Marcos ratificó que «la ejecución de los créditos corresponde a la Consejería titular, Empleo, y la Dirección de Trabajo en particular». A diferencia de María Luisa Raya, ex interventora de IDEA que declaró el lunes, Marcos no cree que el uso inadecuado provenga de «una mala técnica presupuestaria». También señaló que Hacienda «no es supervisora de la ejecución. No le corresponde» y «en la transferencia de financiación no había ninguna extrañeza que advertir». Marcos señaló como «irregularidad relevante» las consecuencias de pagar ayudas sin control previo del gasto y sin que existiera procedimiento, asegurando que no era posible saber en los presupuestos que las subvenciones las iba a pagar IDEA, que «presupuestaba mal las transferencias de Empleo» con el conocimiento «de algunos directores» porque «alguien debía ser consciente de la situación».

También explicó que «el estado de gasto se puede modificar en cualquier momento por el Consejo de Gobierno». «La Consejería de Hacienda hizo bastantes cosas», explicó, citando el «acuerdo de Consejo Gobierno de 2007, la mejora del control financiero permanente, el programa anual exhaustivo que estudiaba la financiación de entidades instrumentales, o la nueva redacción de encargos de ejecución». «La Consejería de Hacienda algunas cosas hizo en el intento de disciplinar ese tema tan complejo de las transferencias» –defendió– y «la Intervención no detectó menoscabo pero se introdujeron bastantes mejoras». «Hay medidas que se podrían haberse adoptado antes, pero no porque no se hicieran cosas», dijo. También aseveró que no cree «que el Parlamento pueda ser engañado» y que «de la lectura de la ficha de gasto, del estado y de la memoria no se deducía que las subvenciones las concede la Dirección General de Trabajo».