La Fiscalía archiva la denuncia de la Sareb contra la patronal por las VPO

La Fiscalía ha decidido archivar la denuncia que presentó la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria SA (Sareb) contra la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y promotora de la construcción de 583 viviendas protegidas en Sevilla. Precisamente, el ex presidente de la patronal, Santiago Herrero, y el máximo responsable de la fundación, Antonio Carrillo, están imputados por un presunto delito de estafa, a raíz de una denuncia penal presentada por siete empresas suministradoras al quedar paralizada la construcción. De hecho, tendrán que declarar por este asunto el próximo 5 de marzo.

La Sareb mostró su respeto por la decisión tomada y aseguró que «ha cumplido con su obligación ciudadana de poner en conocimiento de la Fiscalía los hechos que pudieran tener apariencia ilícita». Asimismo, dejó claro que esta decisión «nada tiene que ver con el proceso de concurso necesario de la fundación al que se instó a finales del año pasado» y que para la sociedad «es la mejor opción para proteger nuestros intereses, los de los adjudicatarios de las viviendas y los de los principales proveedores de la promoción». Por tanto, el concurso necesario se mantiene en sus procedimientos. «Nuestro objetivo final ha sido siempre lograr la finalización de unas obras que llevan paradas desde 2008», señalaron fuentes de la Sareb.

Esta sociedad trasladó a la Fiscalía la documentación sobre la situación de dicha fundación y el proyecto inmobilario, toda vez que, según sus sospechas, «no estaba justificada la utilización de los fondos para las viviendas y había un desfase de entre 12 y 14 millones de euros».

La Sareb se hizo cargo en diciembre de 2012 del crédito de 50 millones que Bankia otorgó en 2007 para la promoción. Desde entonces, ha tratado de acordar medidas con la fundación que permitieran retomar la construcción de las viviendas. En agosto de 2013 propuso el desembolso de una financiación para concluir las obras en plazos adecuados, «todo ello sujeto a los controles legales para evitar otros perjuicios a los adjudicatarios».