La Fiscalía del TSJA denuncia al consejero de Economía por prevaricación y falsedad

Hay de nuevo estruendo judicial en torno a la Junta y esta vez rodea a uno de los consejeros de Susana Díaz. La Fiscalía Superior de Andalucía con sede en Granada remitió ayer al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad (TSJA) un decreto para que se incoen diligencias previas de investigación penal contra el titular de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, quien está aforado gracias a su cargo, por dos presuntos delitos: prevaricación administrativa continuada y falsedad en documento público. Así se lo confirmaron ayer a LA RAZÓN fuentes del Alto Tribunal regional que matizaron que «al no poder descartarse la posible existencia» de esos dos supuestos delictivos tras lo actuado policialmente, «se ha pedido que se siga investigando para esclarecer lo sucedido» en torno a la presunta adjudicación «directa» de un edificio a una constructora.

El comienzo de esta historia se remonta a septiembre de 2008, cuando la Universidad de Sevilla (US), de la que Arellano fue vicerrector de Infraestructuras y luego rector, firmó un contrato con un estudio de arquitectura para la redacción del proyecto de obras del Centro de Transferencia de Resultados de Investigación (Centrius) levantado en la Isla de la Cartuja. El Colegio Oficial de Arquitectos sevillano (COAS) consideró que la adjudicación de la construcción, de 25.800 metros cuadrados, presupuestada en 34 millones y subvencionada en 17,7 por el Gobierno central y por el programa europeo de fondos Feder, se hizo de manera arbitraria y sin que existiera siquiera expediente de contratación, entre otras cuestiones. De hecho, denunciaron al ahora consejero en marzo de 2015 ante la Fiscalía provincial que inició una investigación contra éste y ya entonces apreció indicios delictivos. Luego se produjo un giro de guión en el relato. En junio de aquel año Díaz apostó por incorporar a su Ejecutivo a dos rectores, uno de ellos Ramírez de Arellano, a quien confió la cartera de Economía y Conocimiento que le permitió convertirse en aforado, por lo que el Ministerio Público provincial se inhibió en favor de la Fiscalía vinculada al TSJA, que a finales de septiembre solicitó una ampliación de seis meses para realizar un nuevo informe sobre los hechos y comprobar los datos aportados por las partes.

Ahora el departamento que dirige el fiscal superior andaluz, Jesús García Calderón, acusa al titular de Economía de incumplir «preceptos legales», según aseguraron a este periódico fuentes judiciales, al considerarlo responsable de la mayor parte de los procedimientos administrativos «de relevancia» ligados a la adjudicación escudriñada. Si bien, las mismas fuentes no descartan que en el futuro se amplíe el abanico de señalados en el ámbito de este proceso y puntualizan que, «pese a que la Fiscalía y el TSJA suelen estar en sintonía», falta aún por ver «qué determina en concreto el juez instructor de la Sala de lo Civil y Penal del último» en relación a este asunto.

De momento, el afectado sostiene que cree «en la Justicia», en «la tutela judicial» y en «la presunción de inocencia». Es más, reclama que «se respeten en este caso». «Aún estamos en la etapa de algunos procedimiento preliminares que se han extendido un año», expuso ayer desde Jaén, para añadir que las actuaciones se encuentran en este momento «donde deben», esto es, en la mencionada Sala de lo Civil y Penal. En relación a ésta y según aseveró, tanto él mismo como la Universidad de Sevilla estarán «disponibles» para poder aportarle documentación e información, «convencidos de la regularidad de los procedimientos en los que a materia penal toca». El consejero quiso defender además «la honestidad y el rigor de los funcionarios públicos», incluidos los de las universidades, y destacar el carácter «centenario» de la US. Considera «injusto» el que «se pueda verter sobre ella o sus empleados dudas de ninguna naturaleza sin ser escuchados».

La propia Universidad de Sevilla en boca de su rector, Miguel Ángel Castro, expresó su «máximo respeto» a la Justicia y «su disposición desde el inicio del procedimiento para el esclarecimiento rápido de los hechos investigados», si bien, lamentó que «se confundan procedimientos administrativos con actuaciones que pudieran derivar en consecuencias penales». Castro defendió la concesión de obras que se hizo «conforme a derecho» y ateniéndose a la legalidad vigente y tildó de «llamativo» que el COAS recurra a la denuncia ante la Fiscalía cuando ha acudido por los mismos hechos a la vía contenciosa-administrativa.

LAS REACCIONES

EL PP-A, en concreto su secretaria general, Loles López, exigió a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, «explicaciones» sobre la situación del titular de Economía y se plantee «si debe seguir sentado en el Consejo de Gobierno».

CIUDADANOS (C´S) se mostró «seguro» de que el PSOE-A cumplirá «lo firmado» entre ambas formaciones en el pacto anticorrupción si Ramírez de Arellano resulta imputado, porque, «de momento», matizó, hay «una denuncia».

PARA IULV-CA, a Susana Díaz, «le gusta coquetear con el riesgo» por haberlo nombrado titular de Economía «cuando sabía que había sido denunciado por el Colegio de Arquitectos», en palabras de Elena Cortés.

Podemos, su diputado Juan Ignacio Moreno Yagüe, cree que, «respetando la presunción de inocencia», se requieren explicaciones en el Parlamento de unos hechos que «demuestran lo que parece ser forma de actuación de la Junta».