La Fiscalía denuncia a un ex alto cargo de Educación por «enchufismo»

La Fiscalía ha entrado de lleno en el caso de los «enchufes» de la Delegación Territorial de Educación en Sevilla, denunciando a tres ex altos cargos y a una profesora, hija de un ex jefe de Inspección, que accedió a un puesto docente sin pasar por ningún tipo de proceso selectivo ni de concurso público. El Ministerio Público, tras la denuncia formulada por el sindicato Ustea, atribuye un presunto delito de prevaricación en su modalidad de nombramiento ilegal al ex delegado de Educación, Cultura y Deporte en Sevilla Francisco Díaz Morillo; a la ex jefa de Servicios de Ordenación Educativa Carmen Liébana, y al ex jefe de Servicios de Gestión de Recursos Humanos Luis Miguel Sanchís. La denuncia también incluye a la propia beneficiada por la designación, Anais Moreno.

El escrito especifica que tanto Liébana como Sanchís «propusieron» a Moreno «para un puesto público, pese a conocer que no reunía los requisitos necesarios para ello». Díaz Morillo, por su parte, «llevó a cabo» el nombramiento. Finalmente, la beneficiada por la designación «aceptó la propuesta concreta, aún consciente de que carecía de los requisitos legales para ello». Cabe recordar que Moreno, licenciada en Comunicación Audiovisual, comenzó a trabajar en el Centro de Educación Permanente del Polígono Sur de la capital hispalense el 1 de septiembre de 2014, sin que en ese momento fuera funcionaria –ni tan siquiera interina ni maestra– y no formaba parte de la bolsa de empleo, donde su nombre sí figuró nueve días más tarde. En su relato, el Ministerio Público recuerda que un convenio suscrito entre la Consejería de Educación y el Comisionado para el Polígono Sur, con fecha 11 de noviembre de 2004, establecía la adscripción por parte de la consejería de cuatro profesores al comisionado. En verano de 2014, «al parecer, se produjo una vacante» y para cubrirla era necesaria la designación de un docente por parte de la consejería a propuesta de una comisión de seguimiento del convenio, compuesta por dos representantes de la consejería y dos del comisionado. Los representantes del comisionado propusieron a tres candidatos y la entonces jefa de Servicios de Ordenación Educativa, «que no consta que formara parte de la comisión de seguimiento», propuso a Moreno, «pese a ser consciente de que no reunía los requisitos necesarios para dicho nombramiento». La cadena siguió con el entonces jefe de Servicios de Gestión de Recursos Humanos y con Díaz Morillo, quien emitió una resolución el 1 de septiembre de 2014 con su nombramiento como funcionaria interina.

Éste tenía vigencia hasta el 30 de junio de 2015 y, de cara al curso siguiente, Liébana propuso la continuidad de Moreno para el mismo puesto, «sin respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad y sin concurso previo». En el proceso también actuaron los otros dos ex altos cargos denunciados, «en la misma forma indicada y con idéntica participación». Añade la Fiscalía que, en el momento de los nombramientos, el padre de Moreno era jefe de Inspección del Servicio Educativo en Sevilla.

El caso desencadenó una investigación interna, anunciada por la entonces consejera de Educación, Adelaida de la Calle, de forma paralela a la destitución de 21 docentes, en julio de 2015, que desempeñaban tareas administrativas en la Delegación Territorial de Educación. La consejería no habló de destituciones, sino de una «renovación rutinaria», aunque en el grupo se encontraban funcionarios que habían advertido de las irregularidades en el reparto de los puestos específicos. Los hechos provocaron una intensa agitación política, por lo que la Administración andaluza terminó por destituir a Liébana y a Sanchís en octubre de 2016.