La infravivienda sigue sin salir en los mapas

Falta de conservación durante décadas hasta que la casa se convierte en un campo de batalla, apuntalada o sitiada por paredes ennegrecidas de la humedad. Son las llamadas «infraviviendas», hogares inhabitables pero donde vive gente que no puede permitirse una mudanza. La Junta lleva años invirtiendo para arreglarlas aunque hasta ahora se actuaba por zonas sensibles –cascos históricos y barriadas desfavorecidas–, sin que existiera un diagnóstico certero sobre la situación. Hace dos años se propuso averiguar cuántas de esas viviendas hay y dónde se encuentran. Este en teoría lógico primer paso debía materializarse en el «mapa urbano de la infravivienda en Andalucía». De hecho, la inclusión en él es imprescindible para acceder a las ayudas contempladas en el Plan de Vivienda y Rehabilitación que expira en 2020. La Consejería de Fomento y Vivienda debe elaborarlo con los datos facilitados por los ayuntamientos –para lo que destinó fondos específicos–, pero ya ha duplicado el tiempo límite y continúa sin arrancar los trámites.

La revisión de los planes de vivienda municipales resulta fundamental para abordar la tarea de identificar hacia dónde deben orientarse las ayudas. El primer obstáculo fue que los ayuntamientos han incumplido sistemáticamente su obligación de dotarse de esa herramienta de planificación. La Ley de Vivienda de 2010 recogía la obligación de diseñarlos en un plazo máximo de dos años; desde el verano pasado se ha dado un empujón en este ámbito, tras comprobar que solo 40 municipios disponían de sus planes o estaban elaborándolos; otros setecientos habían obviado esta obligación. Pese a ese avance significativo, el mapa urbano de las infraviviendas todavía tardará en materializarse. Así se colige de la información facilitada por la Consejería de Fomento y Vivienda, en una respuesta formulada a través del Portal de Transparencia de la Junta. Hasta ahora, solo se han realizado los «estudios previos y elaborado las memorias para su redacción». «Actualmente se están redactando los pliegos técnicos y de cláusulas administrativas para la próxima licitación» por parte de un «equipo multidisciplinario», explica el escrito. La Consejería reservó para ello cien mil euros en su presupuesto de este año. No detalla qué tiempo transcurrirá hasta que culmine, aunque con el verano ya aquí es probable que se demore hasta el último trimestre o incluso 2019.

Retraso en los plazos

La guía de la política de vivienda acumula en apenas dos años una considerable demora en su ejecución. En principio, marcaba que bastarían doce meses para elaborar el mapa urbano de la infravivienda y reformaría 230 hogares en cada uno de los cuatro años de vigencia. La Junta aportaría un máximo de 30.000 euros por cada uno, con una pequeña colaboración de los municipios (10% del total). Algunos sí se han apurado en cumplir con su compromiso. Cádiz es un ejemplo de ello: en el centro histórico se han detectado medio centenar de edificios con infraviviendas, 146 deshabitados y 25 solares. En la capital gaditana ha surgido un problema adicional que puede producirse en otras ciudades y condiciona las futuras ayudas económicas: las casas deben estar habitadas por sus propietarios, cuando lo habitual es que vivan inquilinos de alquiler.

La Agencia de Vivienda y Rehabilitación (AVRA) es la encargada de canalizar todas las actuaciones. La rehabilitación de cascos históricos y barriadas desfavorecidas ha estado siempre entre sus prioridades aunque el ritmo seguido dista mucho de los objetivos planteados inicialmente. Barrios como el de Almanjáyar, en Granada, La Chanca, en Almería, o Los Pajaritos, en Sevilla, han sufrido intervenciones previas contra el deterioro de sus bloques de pisos. Son entornos desfavorecidos donde las familias disponen de pocos recursos y se ha aprovechado para mejorar aspectos urbanísticos proporcionándoles mayor cohesión. En total, según la Agencia ha afectado a 27 centros históricos y 31 barrios.

En la nueva etapa, los objetivos para eliminar infraviviendas han disminuido para evitar un cierre en falso, como ya sucedió con el anterior Plan. La Junta se comprometió a rehabilitar 5.300 casas entre 2008 y 2012. Dos años después de su vencimiento, no había llegado a mil.