La inversión sin ejecutar da para «siete planes de empleo»

El desempleo, principal preocupación y problema de la ciudadanía, sigue utilizándose en la contienda política. El consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta, José Sánchez Maldonado solicitó ayer al Ministerio de Empleo y Seguridad Social la puesta en marcha en 2017 de un plan de empleo especial para Andalucía que contemple una inversión mínima de 157 millones. El propio Maldonado, que habla de un «castigo» a la comunidad, ha admitido públicamente que «se puede mejorar» en las políticas del ramo. Ante las críticas de la Junta, la ministra Fátima Báñez señaló que Andalucía pierde en el reparto de fondos por «la mala gestión» de la Administración regional. El secretario de Estado señaló ayer que «el mejor plan de empleo para Andalucía es ejecutar los fondos que le transfiere el Gobierno central». «Si lo que pide es un plan de empleo de 150 millones, ha tenido siete planes de empleo con todo lo que no ha ejecutado», señaló.

Sánchez Maldonado mantuvo ayer en el Ministerio de Empleo en Madrid una reunión con el secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, con el que acordó que Andalucía pueda ejecutar las partidas destinadas a conveniar con las agencias privadas de colocación desde el modelo de sistema público que mantiene Andalucía, según informó la Junta. De este modo, Andalucía podrá gestionar 21 millones desde su modelo público de gestión.

En la reunión se acordó también crear un equipo de trabajo para buscar soluciones que impidan que Andalucía se vea penalizada en futuros repartos de los fondos para Políticas Activas de Empleo, por haber mantenido paralizada las políticas de Formación Profesional para el Empleo durante cuatro años debido a la judicialización a la que se ha visto sometida la Administración andaluza y al desarrollo de una comisión de investigación parlamentaria que ha durado más de año y medio.

El consejero informó al secretario de Estado sobre la nueva convocatoria que ha realizado la Junta de Andalucía en materia de Formación Profesional para el Empleo. En concreto, esta nueva orden se adapta a la nueva legislación estatal que establece la aplicación de la concurrencia competitiva, la homologación y acreditación de centros y profesorado, y la prohibición de subcontratar. En total son 71 millones para desempleados, 50 millones para escuelas taller y 20 millones para trabajadores ocupados, así como 5 millones para centros propios de formación de la Junta. Según señaló la Junta, el secretario de Estado felicitó al Gobierno andaluz por la puesta en marcha de la nueva Ley de Formación Profesional en Andalucía y por la nueva convocatoria ya en marcha, que devuelve los cursos de formación a los andaluces e incluye los parámetros de la nueva ley. Durante el encuentro, el consejero explicó las acciones que Andalucía está realizando y del nivel cumplimiento que su Consejería ha llevado a cabo en relación al Sistema de Garantía Juvenil, con una inversión de más de 83 millones y 150.606 jóvenes inscritos, que representan el 40% del registro nacional. Esa cifra abarca el 33% del total de parados de esa franja de edad en Andalucía, 10 puntos por encima de los datos nacionales en cuanto a parados registrados de este colectivo.

Sánchez Maldonado indicó que «no hay razón por la cual» no se vaya a conceder el plan especial de empleo, recordando que regiones como Canarias, con una tasa de paro similar a la andaluza sí cuentan con esta herramienta. Al consejero, «el ambiente de la reunión» le «hace ser optimista» al respecto, recogió Europa Press.

El secretario de Estado puntualizó que los acuerdos alcanzados no implican que «se cambien los criterios de distribución que han acordado entre las comunidades». «Están aprobados esos objetivos por las comunidades que tienen que ejecutarlos y que Andalucía no ha ejecutado. Lo que tiene que hacer es ejecutarlos y para ello puede contar con toda nuestra colaboración», señaló Riesgo.