La juez Alaya se centra en el blanqueo de capitales

La juez que instruye el caso de los ERE fraudulentos centra en estas semanas su trabajo en el estudio de la voluminosa documentación que le hizo llegar la Guardia Civil (un atestado de unos 1.400 folios) y determinar si, como se sospecha, se ha producido blanqueo de capitales por parte de algunos de los imputados y en qué cuantía, según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto.

Este es el motivo por el que la magistrada Mercedes Alaya ha decidido prorrogar, una vez más, el secreto del sumario y no citar de momento, hasta que toda la documentación haya podido ser estudiada, a los dos imputados que faltan por declarar: José González Mata, administrador único de la mediadora Uniter; y el abogado Carlos Leal, del bufete Estudios Jurídicos Villasís.

En el auto de prórroga del secreto sumarial , la magistrada señala que la documentación incautada está resultando «muy relevante para la investigación» y puede abrir nuevas vías sobre la desviación de fondos. Asimismo, subraya que la Guardia Civil aún debe analizar escritos relativos a los dos imputados pendientes de declarar y analizar «varias transacciones que revelarían el origen de los fondos objeto de las mismas». Además, confirma, debe estudiar la «ingente documentación intervenida en los registros efectuados, cuyo análisis detenido podría abrir nuevas líneas de investigación».

Por ello, decreta un sexto mes de secreto sumarial sobre la nueva fase, centrada en las sobrecomisiones que cobraban las mediadoras en los ERE, para «salvaguardar el buen fin de la instrucción y evitar la manipulación, pérdida o destrucción de indicios o fuentes de prueba, o incluso que la parte interesada pudiera influir en alguno de los implicados o testigos, anulando con todo ello la acción policial y judicial», según el auto de la magistrada.

Todo ello, agrega, con el objetivo final de «determinar si hubo desviación de fondos públicos procedentes de la Junta de Andalucía hacia fines distintos de los legalmente establecidos». No obstante, la juez apremia a la Benemérita a que «emplee la máxima diligencia» y le dé cuenta periódica del avance de sus investigaciones.

El secreto se refiere a este cobro de sobrecomisiones y la introducción del dinero en el sistema financiero a través de empresas pantalla, por la que en marzo fueron detenidas veintidós personas y siete ingresaron en prisión. La investigación sobre las elevadas comisiones se ha unido al sumario sobre los ERE falsos, en el que hay sesenta imputados, entre ellos siete ex altos cargos de la Junta.

Esta importante línea de investigación permanece en secreto desde el mes de noviembre. La Guardia Civil se centra en seguir la pista de las abultadas sobrecomisiones que se embolsaron y repartieron empresas mediadoras. Por este motivo, se produjo la detención de los directivos de la mediadora Vitalia Eduardo Pascual, María Vaqué y Antonio Albarracín.

Este último reconoció a la juez que pagó a empresas satélite de CC OO y UGT 4,3 millones de euros. Del registro de cuentas –más de 400 examina la Guardia Civil– también se desprende que el dinero volvía a altos cargos. El ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero –al que también envió la juez a la cárcel por segunda vez – cobró, según detalla la juez, 249.000 euros en 170 transferencias bancarias. La magistrada rechaza, asimismo, poner en libertad a Guerrero, informa Efe.

Alaya, no obstante, ya señaló que la «Operación Heracles» es un «punto y seguido». Se espera una segunda fase, con nuevas detenciones y revelaciones importantes sobre el recorrido del dinero ilegal de los ERE.