La Junta aliviará a los bancos y comprará las viviendas en riesgo de desahucio

El nuevo Ejecutivo andaluz mantiene la tónica de los anteriores y maneja con eficacia los tiempos políticos. El primer Consejo de Gobierno se reunió ayer con dos asuntos principales previamente publicitados: la aprobación de becas para sufragar el examen que acredita las competencias lingüísticas para los títulos de grado o máster –el conocido como B1– y una batería de medidas contra los desahucios. El primero de ellos podría haberse aprobado con el Ejecutivo en funciones. El segundo consiste en la aprobación de un anteproyecto de Ley de Retracto en Desahucio de Viviendas y que deberá estar incardinado en el nuevo Plan Autonómico de Vivienda, aún en elaboración.

La medida tardará en hacerse efectiva. El vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, habló de un periodo de tres meses para que entre en el Parlamento. En cualquier caso, el proyecto supone un giro de 180 grados en la política contra los desahucios del Gobierno andaluz, que pasa de las expropiaciones del uso de los pisos a las entidades financieras para que los inquilinos conservaran su vivienda a directamente comprarles la propiedad con dinero público y aplicarles un alquiler social. Los bancos salen beneficiados porque dan salida a las viviendas y las familias podrán continuar –a la espera de cómo se articulan las condiciones concretas– en los inmuebles que pasarán al parque público autonómico.

La medida copia una iniciativa del Gobierno de Cataluña. No se aplicará en toda la comunidad porque estará sujeta a determinadas zonas geográficas en función de la situación económica de las familias residentes, la demanda de vivienda, las características de los inmuebles y la incidencia histórica de los desahucios en dichos ámbitos. Fuera de ese ámbito se aplicará de manera «excepcional».

La intención es que la Junta ejerza el derecho de compra preferente al final del proceso de ejecución hipotecaria, una vez comunicado el desalojo y concluida la subasta judicial.