La Junta aportó 1,2 millones para una sede de UGT, y el sindicato 720 euros

La Junta de Andalucía no sólo otorgó 1,2 millones de euros a UGT-A para realizar obras en dos centros formativos en Córdoba y Málaga con cargo a la partida 32.L de Formación Profesional para el Empleo, como ya ha informado este periódico, también dio otros 1,2 millones al sindicato para la rehabilitación integral de su sede de la Unión Provincial en la capital cordobesa, con cargo a la partida 31.L de relaciones laborales, que investiga la juez que instruye el caso de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya.

La orden la firma el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, con fecha 5 de diciembre de 2008. Fernández ha estado en la cárcel cuatro meses por su implicación en el caso ERE. Salió en agosto tras pagar una fianza de 450.000 euros. Uno de los peticionarios de la subvención es el actual secretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla. La Consejería resuelve conceder la mencionada cantidad para la «financiación del proyecto presentado consistente en la rehabilitación, adaptación y equipamiento del edificio principal del antiguo Hospital Militar de San Fernando», «que acogerá las sedes de las federaciones provinciales de UGT Andalucía en Córdoba». La financiación suponía el 99,94 por ciento del presupuesto total. El sindicato sólo tenía que desembolsar, por tanto, 720 euros.

Al tratarse de una subvención excepcional, la orden recoge claramente que la Junta puede concederla, como en este caso, «sin promover la concurrencia». Y sin paraguas legal: «a lo que se suma la no existencia de normativa a la que se pueda acoger la presente subvención, dada la naturaleza específica del proyecto que propone la Unión General de Trabajadores», continúa el documento.

Llama la atención que «el abono de la totalidad de la subvención» se ordena a la firma de la resolución. No aparece, por tanto, la condición de justificar un primer adelanto del 75 por ciento para recibir el 25 por ciento restante, como es común en otros procedimientos que se ajustan al cumplimiento de la Ley de Subvenciones de la Junta de Andalucía.

En el primer folio de la orden aparece asimismo un «post-it» con el nombre de Alejandro Talavera y la palabra «urgente», a la que le sigue una anotación escrita también a mano que es ilegible. Alejandro Talavera ostentaba en el momento en el que se concedió la subvención una Secretaría Ejecutiva en el sindicato a nivel regional. El ex consejero detenido Antonio Fernández tenía una relación más que fluida con UGT. Ejerció, de hecho, como abogado laboralista en las asesorías jurídicas tanto de UGT como de Comisiones Obreras. El Ayuntamiento de Córdoba ha cedido al sindicato tres pabellones del antiguo Hospital de San Fernando. Uno lo ocupa esta sede de la Unión Provincial que recibió los 1,2 millones de la subvención otorgada por Antonio Fernández. Otro pabellón, el último cedido, el de la antigua «cantina», UGT lo dedicó a centro de formación. También recibió otros 1,2 millones de la Junta para su rehabilitación. El patrimonio inmobiliario de UGT se ha multiplicado por nueve en 15 años. Ronda los 20 millones de euros.