La Junta aún debe casi 400 millones a las universidades

Arellano cree que la deuda, reducida en 190 millones en seis meses, «no es el único debate importante» y apuesta por fijar «criterios exactos sobre cuánto se les debe».

El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, ha cifrado la deuda actual de las universidades andaluzas en 397,2 millones de euros a 31 de diciembre de 2015, lo que supone reducir la deuda en 190 millones en los últimos seis meses, toda vez que anteriormente dicho débito ascendía a 585 millones de euros.

En una comparecencia parlamentaria en comisión, el consejero reconoce que este asunto le produce «preocupación» y ve necesario «aportar certidumbre y agilidad», toda vez que «le exigimos a las universidades públicas que rindan servicios avanzados, que se actualicen y se enfrenten a nuevos retos, y que formen a sus profesores», para lo que «hay que darles certidumbre a su funcionamiento».

«La deuda es importante, pero no es el único debate importante», toda vez que «también lo es que se pueda ejecutar el presupuesto de manera solvente», para lo cual es necesario «un trabajo constante, para que las universidades funcionen con normalidad». En ese sentido, considera que «se debe acordar con las universidades los criterios exactos sobre cuánto se les debe». Así ha precisado que a 31 de diciembre de 2015 la deuda de las universidades es de 397,2 millones, mientras que a inicios de legislatura ascendía a 585 millones, lo cual «se ha registrado una importante reducción y en seis meses se ha reducido en 190 millones».

Arellano destacó la importancia de estar al día en el pago a proveedores, sobre lo que reconoce que «no todas las universidades están al día», citando las universidades de Granada, Pablo de Olavide y Córdoba, que «están fuera de períodos de pago». Su objetivo es «conseguir que en el cortísimo plazo, ninguna universidad esté fuera de los rangos legales del pago a proveedores», toda vez que el resto está dentro de la normativa. Así, el consejero confió en que «se reduzca la deuda a límites normales de tránsito administrativo, esto es, que se deba lo normal y no condicione el funcionamiento corriente de las universidades, lo que les debe permitir aislar lo que ha quedado de derechos pendientes». «La idea es que esas cantidades pendientes se incorporen al nuevo modelo de financiación para que las universidades puedan recuperar los usos, pues las universidades no deben tener déficit».

«La idea en el nuevo modelo de financiación es que se pueda ir presupuestando a un ritmo que las universidades puedan gastar» y apuntó que «la investigación ha sido la primera afectada por estos problemas de gasto y de tesorería». «Se ha procurado mantener en todo momento la financiación operativa, sin perjuicio de que la investigación ha sido damnificada y no ha sido posible sacar las convocatorias», concluyó.