La Junta de Andalucía paga más de 1,1 millones a un ente de la «Administración paralela» para controlar a ésta

Economía encarga a una fundación tareas de vigilancia financiera de su sector público no administrativo que incluyen el tratamiento de datos de morosidad

Existe una realidad: la existencia de lo que los sindicatos y la oposición han bautizado como la «Administración paralela» de la Junta, un anillo de entes instrumentales que genera gastos a pagar con fondos públicos de diverso tipo. Y se puede rizar el rizo. El Gobierno andaluz se ha «contratado» a sí mismo, a una de esas entidades secundarias, para elaborar informes sobre esa capa exterior del Ejecutivo regional, y no es la primera vez.

La Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública ha encargado –lo que antes de un reciente cambio legislativo se denominada encomienda de gestión– a la Fundación Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pública de Andalucía, para lo que ha destinado una cuantía de 1.178.609,32 euros, «costes generales y corporativos del 3 por ciento incluidos», según consta en la resolución que da luz verde a la materialización del endoso, localizada en el portal que provee de contenido la propia Junta y consultada por LA RAZÓN.

La tarea que se le ha confiado a la fundación pasa por la ejecución de diversos trabajos relativos al sector público no administrativo del Gobierno regional ligados en concreto al control financiero, al cálculo de la capacidad o la necesidad de financiación en términos de contabilidad nacional, a la consolidación de información en el Ministerio de Hacienda y Función Pública, a la actualización de otros datos y a trabajos auxiliares y complementarias que pudieran surgir. Dentro de esos apartados genéricos se incluye, por ejemplo, testar sobre la morosidad de los componentes de la «Administración paralela». De hecho, el mencionado instituto deberá obtener y tratar, con una periodicidad mensual, «la información contable de los entes instrumentales clasificados como pertenecientes al subsector Administración Regional» de la comunidad para «confeccionar los cuestionarios relativos a periodos medios de pago, deuda comercial y deuda total no financiera de forma agregada» y consolidar esos datos con el fin de poder suministrárselos al Ministerio de Hacienda y Función Pública «en cumplimiento de la normativa de morosidad y periodos medios de pago».

La fundación deberá hacerse cargo además, entre una multiplicidad de cuestiones, del «requerimiento de las necesidades de control indicadas por la Intervención General» autonómica. Se menciona específicamente el «análisis del cumplimiento de lo establecido en el artículo 58 bis del Decreto por el que se aprobó el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta, así como la Orden que desarrolló los mecanismos adicionales de control de las transferencias de financiación –mecanismo que protagoniza el llamado «caso ERE» ya que gracias a él se pagaron ayudas ahora bajo el foco judicial– a entidades del sector público regional «con contabilidad no presupuestaria, en cuanto a los criterios de contabilización de las transferencias de explotación y capital». Tendrá que analizar de igual modo aspectos de «otras subvenciones concedidas con cargo al Presupuesto de la comunidad». La recompensa dineraria por lo hecho se abonará en distintos pagos hasta 2022. Este año se liberarán para ese fin 118.152,27 euros, en 2019 serán 288.032,95; el siguiente ejercicio 291.352.95, lo mismo que en 2021 y, por último 189.718,20.