Andalucía

La Junta espera el levantamiento del veto a los fondos europeos

Ramírez de Arellano defiende que la suspensión no ha producido «en ningún momento» menoscabo económico

El consejero de Economía, Antonio Ramírez de Arellano, aseguró que la suspensión de fondos europeos es una medida «frecuente»
El consejero de Economía, Antonio Ramírez de Arellano, aseguró que la suspensión de fondos europeos es una medida «frecuente»larazon

El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, aseguró ayer ante el Pleno del Parlamento andaluz que su departamento está a la espera de que la Comisión Europea levante la suspensión de pagos por el Fondo Social Europeo (FSE) y quiso dejar claro que en la región, «en ningún momento», se ha producido menoscabo «o problema presupuestario ni económico» por esta situación. En respuesta a una pregunta del PP-A en la sesión de control al Consejo de Gobierno, Ramírez de Arellano insistió en que la suspensión provisional del pago de fondos europeos es una medida frecuente por parte de la Comisión Europea en el caso de que los informes anuales de las autoridades de auditoría, en este caso la Intervención General de la Junta, detecten incidencias de más de un dos por ciento en la ejecución de un fondo. En este sentido, señaló que, por ejemplo, el Plan de adaptabilidad y empleo del Estado está actualmente interrumpido.

Ramírez de Arellano agregó que, en el caso del Fondo Social Europeo para Andalucía, los informes correspondientes a los años 2012 y 2013 superaban el límite del dos por ciento, por lo que entró en vigor la suspensión provisional y se elaboró un plan de actuación para mejorar la gestión y trámites de certificación.

El consejero manifestó que las medidas de mejora se implementaron en el ejercicio de 2014 con un plan que fue completamente aprobado por la autoridad de auditoría en marzo de 2015. Como resultado del mismo, el informe sobre 2014 reconoce ya unas tasas de incidencia de solo el 1,94 por ciento y se dice textualmente que los sistemas de gestión y control establecidos funcionan «de manera eficaz y con garantías».

Por ello, anunció el próximo levantamiento parcial del pago del Fondo Social Europeo, tras verificar la Comisión Europea que Andalucía ha cumplido su plan de actuación para corregir las incidencias registradas en las acciones correspondientes a los ejercicios 2012 y 2013.

Por su parte, el diputado del PP-A Pablo Venzal subrayó que este asunto ha puesto de manifiesto el «descontrol, la incompetencia y el clientelismo político», y advirtió de que si la Unión Europea no hace frente al pago de esas facturas, tendrá que soportarse con recursos propios, con lo que reclamó al consejero de explique cuánto podría costar a los andaluces.

El PP cifró esta semana en 2.755 millones los fondos europeos que el Gobierno de Susana Díaz ha dejado sin ejecutar entre los años 2013 y 2015 –con el ejercicio ya cerrado del año pasado–, unos fondos «cruciales y absolutamente necesarios para la tierra que, desgraciadamente, más parados tiene».

Los populares advirtieron de que «el peligro» no es solo la paralización de casi 500 millones de euros por parte de las instancias europeas, sino que si se confirman estas irregularidades el Gobierno andaluz «tenga que poner el dinero con fondos propios». Igualmente, hicieron entrega el pasado martes al presidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán, del informe de fiscalización de la Cuenta General y Fondos de Compensación Interterritorial del ejercicio 2014, la memoria de actividades de 2015 y el plan de actuaciones de 2016. Sobre dicho informe, explicaron que se pone de manifiesto «año tras año» las cuentas «ruinosas de la Junta y los libramientos pendientes de justificar».

Contra la prescripción de las ayudas

El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, aseguró ayer que desde su departamento se están dedicando «equipos específicos con personal» para evitar posibles prescripciones en los expedientes de reintegro de ayudas o subvenciones, en respuesta a una pregunta oral formulada en el Pleno del Parlamento por el diputado del PP-A, Jaime Raynaud.