La Junta incumple un mandato del Parlamento de 2016 sobre los ERE y los cursos

Debía informar bimestralmente a los partidos de la cuantía recuperada por ambos presuntos fraudes, de acuerdo a una PNL aprobada hace más de un año, y no lo ha hecho. El PP ha vuelto a pedir las cifras por escrito

Hay contradicciones que no se disuelven con facilidad como la devoción por la mística de la transparencia y el hurtarle datos a la oposición. En el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA) publicado ayer se recogen interrogantes formulados por los diputados autonómicos del PP-A Teresa Ruiz-Sillero y Manuel Andrés González cuyas respuestas llevan años persiguiendo. «Cuáles han sido las cantidades recuperadas por los expedientes de reintegro de subvenciones concedidas en materia de formación profesional para el empleo desde el ejercicio 2002 hasta la fecha», se preguntan de un lado, para pedir que se detalle el número de expediente, la entidad o la persona que ha repuesto los fondos, la fecha del ingreso y el desglose de la cifra principal y de los intereses. Junto a ello, de otro, los populares quieren saber «a cuánto asciende el importe total de obligaciones pendientes de pago» relativo a esas mismas ayudas repartidas para actividades formativas, con la distinción entre lo perteneciente a los servicios centrales y lo correspondiente a las distintas delegaciones territoriales de la comunidad. Y no es el único número que sigue siendo un misterio: tampoco se conoce cuánto se ha recobrado hasta estos momentos del dinero público con el que se pagaron los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos.

De hecho, Ruiz-Sillero planteó por escrito esas cuestiones cada mes de 2015 y luego registró una proposición no de ley (PNL), que se aprobó el 10 de marzo de 2016 en la comisión de Empleo, Empresa y Comercio de la Cámara regional, con el respaldo –quince votos– de todos los partidos menos el de Ciudadanos (Cs) que se abstuvo, en la que se instaba al Ejecutivo andaluz a proporcionar datos sobre esos asuntos. Lo hizo, ya entonces, ante «los incumplimientos reiterados del Gobierno de la Junta a preguntas de esta diputada, a preguntas del Grupo Parlamentario del Partido Popular». Se dio luz verde, incluso con el apoyo del PSOE-A, en concreto a que se remitiera «con carácter bimensual» a todas las fuerzas políticas de la Cámara información de lo repuesto «en relación a todos los procedimientos administrativos ejecutivos vinculados a las reclamaciones por las ayudas concedidas con cargo al programa presupuestario 31L –el conocido ‘fondo de reptiles’ del que se nutrieron los ERE–» y a «la subvención otorgada en materia de formación profesional para el empleo». Eso en un primer punto de la PNL, en un segundo se reclamó, de nuevo con una periodicidad de dos meses por envío, que se trasladara a todos los grupos parlamentarios los importes de lo que se había declarado «prescrito» y «nulo», tanto «en vía administrativa» como en «vía judicial», en ambos ámbitos también: los ERE y los fondos de formación. Un mandato de la Cámara andaluza que se ha incumplido, según confirmaron ayer a LA RAZÓN, fuentes de la misma.

Pero Ruiz-Sillero tenía muy claro el sentido de meta y lo intentó de otro modo. Según recordó ella misma a este periódico, en mayo de 2016 recurrió al portal de transparencia puesto en marcha por el Ejecutivo socialista, que consumió los cuarenta días de los que disponía para contestar de acuerdo a lo fijado por ley –veinte de arrancada y otros veinte de prórroga– sin hacerlo. ¿Siguiente paso? Los populares presentaron un recurso ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía que dirige Manuel Medina en el que la propia Ruiz-Sillero lamentaba la «persistencia» en negar la información por parte de la Junta y relataba el infructuoso periplo que había seguido en el Parlamento para buscarla. Si bien, esa puerta tampoco sirvió. El organismo resolvió la queja el pasado noviembre en contra de lo demandado por la parlamentaria y argumentó de forma un tanto paradójica que por su condición de tal, por su cargo institucional, contaba con cauces para llevar a cabo tareas de fiscalización del Gobierno, pese a haberse demostrado que éste se reserva el derecho a guardar silencio, y que no debía haber tirado de un portal reservado para otro tipo de usuarios. Es más, Medina acusó a la diputada de haber pretendido con su solicitud «proyectar artificialmente» a otro ámbito la función de control político que ya desempeñaba en cuanto miembro de la Cámara. «Hemos puesto el acento –arguyó el director del consejo de transparencia– en que el solicitante de información evite cualquier posible confusión o ambigüedad en la utilización de las dos referidas vías». Con lo que de vuelta a la casilla de salida.

Tras esa reacción, el PP optó por los tribunales en enero de este año. En la actualidad el asunto de las cifras hilvanas a los ERE se hallan en un juzgado sevillano de lo contencioso-administrativo y las cosidas a la formación en otro diferente, según aseveraron fuentes populares a este diario.

Los últimos datos oficiales sobre formación para el empleo los aportó la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, en septiembre de 2016. Según dijo en comisión, se habían reintegrado «7,6 millones de euros» a la caja común. Ello después de que el titular de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, sostuviera en mayo que la Junta pedía 90 millones a mil empresarios que impartieron cursos entre 2002 y 2012. Por lo que respecta a los ERE, se desconoce a cuánto alcanza hoy el rescate real de fondos. En ese escenario y por si a alguien le quedaba duda Ruiz-Sillero advierte: «Es una batalla que tengo desde hace mucho tiempo y no voy a parar». Tras dejarlo claro, explica los motivos para continuar con la pelea: «Lo haré para que el Ejecutivo regional no se relaje en los controles y realice todos los esfuerzos posibles para recuperar el dinero de los andaluces». «Aunque sé –matiza– que las reclamaciones en vía administrativa son complejas y pueden acabar en los tribunales. Tienen que intentarlo con rigor y estaremos pendientes de que lo hagan», avisa.