La Junta retiene 8 meses datos «imprescindibles» para la UCO de la Faffe

La instructora le da ahora diez días para que le remita la información, en una providencia fechada el 4 de abril, pese a que la pieza sobre la extinta fundación está en «archivo técnico» desde marzo.

La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, quien investiga entre otros asuntos el «fraude en los cursos de formación», ha dado, vía providencia del 4 de abril, diez días de plazo a diversos actores para que remitan al juzgado, en soporte papel y digital, documentación ligada a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), que protagoniza una de las nueve piezas en las que ha dividido el «macrocaso». De un lado ha pedido a la Tesorería General de la Seguridad Social que aporte «toda aquella información que obre en su base de datos de carácter laboral» sobre la misma. De otro, demanda a la Junta «todas las resoluciones emitidas por cualquier organismo dependiente de la Administración andaluza mediante las que se formalizaron encomiendas de gestión ejecutadas» por la fundación en el periodo 2003/2011. Y a ello le suma una reclamación al Servicio Andaluz de Empleo (SAE): los protocolos de actuación «bajo cuyos parámetros se actuaba» en el seno de la antigua entidad pública «para el funcionamiento corriente de la misma», en especial, en lo referido a la contratación y el despido de personal, a las relaciones contractuales con proveedores y a la gestión de alquileres de inmuebles.

Unos requerimientos con los que se pretende ahora forzar el paso, pero que tienen intrahistoria. De hecho, ésta se resume en un oficio que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil envió al órgano judicial el 29 de marzo centrado en el estado de las investigaciones en torno a la polémica Faffe. En él se recuerda que la primera petición de información al SAE, vinculada al patronato de la fundación, las fuentes de financiación y subvenciones, los planes de actuación o los puestos de trabajo, se realizó hace quince meses, en concreto el 7 de enero de 2015. Una solicitud que se amplió en algunos puntos en meses posteriores. Luego, a medida que los investigadores avanzaban gracias a la información recabada y a la toma de declaración a 45 personas, se consideró «imprescindible» llevar a cabo nuevas peticiones de datos y el 21 de julio de 2015 se formalizaron varios oficios con los que se pretendía lograr mandamientos judiciales para obtener ya la información que ahora se demanda tanto a la Seguridad Social como a la Junta, y que acumula más de ocho meses de retraso. Y ello, pese a que el 21 de septiembre, la UCO reiteró su necesidad de esos documentos para su labor y añadió la que se hace ahora otra vez al SAE, además de interesarse por que la Intervención General de la Junta les hiciera llegar una copia de los informes de actuación que ésta hubiera podido efectuar sobre las subvenciones concedidas a la fulminada Faffe en materia de formación profesional.

Al margen de los plazos, en relación a los documentos sobre la fundación, llama la atención otro detalle. En su informe policial, consultado por LA RAZÓN, la Guardia Civil relata que el 2 de diciembre de 2015 se les hizo entrega en sede judicial de una copia de los tomos 172 al 174 del procedimiento que incluirían, «según el propio juzgado», las respuestas a las «solicitudes pendientes» de sustanciarse. Si bien, una vez comprobado el contenido de esos tomos, los agentes constataron que, «salvo error u omisión», en ellos «no aparecía ninguna referencia» a lo que aún esperan. Es más, apuntan que el 22 de diciembre de 2015 volvieron a repetir en otro oficio esas «necesidades de información» que tienen para «poder continuar progresando en las investigaciones».

A la espera de que le conteste de una vez, la UCO ha establecido varias líneas de investigación en el ámbito de estas diligencias: una en la que analizan cómo se financió la Faffe, que incluye un estudio de las subvenciones aún pendientes de justificar –sólo en 2009 y 2010 el SAE le otorgó casi 49 millones–; otra, sobre sus actividades, como la gestión de ayudas a terceros; una tercera, adherida al personal, en la que pretenden, entre otras cuestiones, confirmar o descartar la existencia de una bolsa de fraude a través del pago de salarios a quienes no realizaban tarea laboral alguna; otra, asociada con la actividad contractual con terceros como los proveedores; una quinta, sobre la externalización de servicios a través de las encomiendas de gestión; y la última, sobre la acción de la ex fundación como agente externo y el cumplimiento de los «compromisos de contratación» que contrajo.

«Desajustes» en el proceso

Al margen de las pesquisas policiales, Núñez Bolaños archivó de manera provisional, en un auto fechado el 10 de marzo y a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, la pieza de la Faffe, como hiciera con otras seis. En relación a ese movimiento y a la providencia desgranada, fuentes judiciales advierten de que cuando una causa se encuentra en situación de «archivo técnico», no puede «actuarse en su seno». Para hacerlo habría que emitir primero «una resolución de reapertura» de las diligencias para que en el futuro nadie pueda alegar una «falta de formalidad». Distintas fuentes del «macroproceso» de los cursos reconocen a este diario que en la instrucción «se están dando desajustes y repeticiones» que afectan, entre otros temas, al calendario de declaraciones.

Continúa la ronda de interventores en el juzgado

La jueza María Núñez Bolaños ha citado a declarar como testigos hoy a otros tres interventores de la Junta dentro del proceso donde se investigan las presuntas irregularidades en los cursos de formación subvencionados por el Gobierno regional y, en concreto, dentro de la pieza separada que afecta al Servicio Andaluz de Empleo (SAE). La titular del juzgado que dirige la «macrocausa», el de Instrucción número 6 de Sevilla, ha convocado, a partir de las 10:00 horas, a los interventores en Granada, Miguel Gutiérrez Pedrosa; en Huelva, Miguel Ángel García Bermúdez; y en Córdoba, Antonio Escudero Miralles. Todos comparecieron ya en la comisión parlamentaria creada en torno a este presunto fraude, donde García admitió que pudo haber «menoscabo» de fondos públicos.