La Junta se apunta la bonificación universitaria y ahora pide al Gobierno la financiación

Ramírez de Arellano «reta» a Rajoy a aplicar la medida en todo el país asumiendo el coste

El Consejo de Gobierno aprobó ayer el decreto de precios públicos para el curso 2017/18 en las universidades andaluzas. La principal novedad es la bonificación del 99% de los créditos aprobados en primera matrícula. El consejero de Economía y Conocimiento se esmeró en atribuir el éxito de la medida, que ha contado con el «consenso del Parlamento y de la comunidad universitaria», a la propia presidenta Susana Díaz. Pero a la vez lanzó el «reto» al Gobierno de Mariano Rajoy de aplicar este «cambio de modelo» a nivel nacional, asumiendo el coste que supondría para las comunidades autónomas. Es decir, que la Junta se apunta una decisión «pionera» y muy popular y antes siquiera de conocer el alcance económico real –sigue negociando con las universidades andaluzas la compensación– ya plantea que corra con la financiación la Administración central, culpando además al Partido Popular de «romper el sistema universitario español» en 2012.

«Retamos al Gobierno de España a que convierta en gratuitas las universidades públicas españolas para los estudiantes que cumplen con su obligación y financie adecuadamente a las comunidades autónomas para sostener como corresponde a estas instituciones», señaló Ramírez de Arellano. Según el consejero, hoy «es más fácil y barato estudiar medicina en Finlandia como Erasmus que en Madrid o Barcelona». A su juicio, el aumento de ingresos por el precio de las matrículas –dispar en las 17 comunidades– «no ha contribuido a una universidad mejor financiada pues las comunidades han costeado» menor parte del presupuesto. Arellano demandó además acabar con la «caótica» estrategia de becas aplicada en 2012 «con nefastas consecuencias».

Con el dibujo de este panorama y una deuda de la Junta de más de 200 millones con las instituciones andaluzas, resulta complicado aspirar a la «excelencia académica», por ahora reducida a «excelencia no excluyente» que permite el acceso a estudios superiores «a los estudiantes que cumplen».

El decreto aprobado también iguala el coste de los másteres habilitantes y no habilitantes, además de mantener congeladas por quinto año consecutivo las cuantías de los grados.