La Junta utilizó mal fondos de la UE en su plan de obras en los colegios

La Cámara de Cuentas reclama «más rigor» a la Administración en la tramitación y ejecución de los expedientes

La Cámara de Cuentas ha detectado nuevas irregularidades en el uso de los fondos públicos por parte de la Junta de Andalucía. En ese caso, con el agravante de que se trata de dinero proveniente de la Unión Europea y que se utilizó como parte de la financiación del Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA), aprobado en septiembre de 2011 y modificado en años posteriores hasta en tres ocasiones para aumentar su presupuesto. Esta iniciativa perseguía la mejora de las infraestructuras educativas, el impulso al sector de la construcción en plena crisis económica y la reactivación del empleo en uno de los sectores más castigados tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.

La Cámara de Cuentas incluyó en 2014 un informe de fiscalización sobre el mismo que hizo ayer público y que abarca desde su inicio hasta el final del citado ejercicio –en 2015 aún estaba en vigor–. La dotación global del Plan OLA alcanzó los 300 millones de euros, cofinanciados al 80% con Feder. Como señala el órgano de control, al tratarse de fondos europeos, la verificación y seguimiento de las actuaciones desarrolladas se realiza por la Dirección General de Fondos Europeos y Planificación de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia (actualmente Consejería de Economía y Conocimiento).

Este centro directivo es el que ha detectado el mal uso por parte de los órganos gestores. La Cámara apunta que «de los 54 contratos incluidos en la muestra fiscalizada, se han verificado por los servicios de verificación un total de treinta y un expedientes. Doce de estos expedientes están firmados por los verificadores de forma favorable y diecinueve están en situación de favorables con, al menos, una observación que ha motivado la no elegibilidad de algunos gastos». Es decir, algo más del 60 por ciento presentaban problemas «que han dado lugar a la no elegibilidad del gasto correspondiente». Los motivos han sido dos. El primero de ellos es que «en once expedientes se observa que se están utilizando criterios de valoración no válidos en la medida en que se están tomando en consideración elementos personales y certificados de calidad. Estos elementos deben ser considerados criterios de selección (solvencia) pero en ningún caso criterios de adjudicación». El segundo es que «en quince expedientes se han puesto de manifiesto irregularidades relativas a las prórrogas en su ejecución».

La consecuencia de esta falta de diligencia por parte de la Agencia Andaluza de Educación es que «la cifra total no certificable propuesta por el servicio de verificación a la fecha de cierre de los trabajos de campo (diciembre de 2014), en los diecinueve expedientes en los que se ha realizado al menos una observación asciende a 1,68 millones de euros, lo que supone el 5,25% de la muestra considerada».

Esta información es posteriormente ampliada en el informe de fiscalización: «Por lo que se refiere a los resultados de las verificaciones realizadas por la Dirección General de Fondos Europeos y Planificación, a la fecha de cierre de los trabajos de campo se habían analizado 794 expedientes, por un importe de 193.209.165,11 euros. De la información proporcionada se deduce que 9.336.669,61 euros de los gastos realizados (el 4,83% del total analizado) no son elegibles».

La Cámara de Cuentas recalca que «habida cuenta de la importancia que las ayudas recibidas de la Unión Europea tienen para la financiación de las inversiones en Andalucía, resulta necesario que los órganos de contratación extremen el rigor en la tramitación de los expedientes de contratación y su posterior ejecución».

Esta cantidad podría aumentarse, ya que «en un número de expedientes que suponen 21.521.820,33 euros, es decir, una proporción del 11,14% del gasto total, se ha solicitado al gestor documentación no proporcionada inicialmente a los verificadores y necesaria para que estos puedan pronunciarse sobre la elegibilidad o no del gasto».

La auditoría también pone el acento en otras cuestiones como las «significativas» bajas de adjudicaciones, en algunos casos «anormales o desproporcionados». En cuanto al empleo, el Plan OLA contribuyó a generar y mantener 9.389 puestos de trabajo en Andalucía, de los que 7.466 son empleos creados y 1.923 son empleos mantenidos.