La ley de transparencia se burla con un «incumplimiento generalizado»

Ecologistas ha hecho llegar 60 denuncias a un consejo «excesivamente lento» del que desconfían

Ya hace más de un año y medio, en el caso de la Junta, y de uno, en el de las administraciones locales, que rige para ellas la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, pero desde Ecologistas en Acción Andalucía denuncian el «incumplimiento generalizado» de la misma en aspectos como la obligación de publicidad activa en los procedimientos con trámite de información pública en los que las administraciones deben poner la documentación a exposición en sus sedes electrónicas.

Ante eso, la federación andaluza de Ecologistas ha reaccionado de dos formas: de un lado, «se han realizado reclamaciones ante las propias administraciones para que cumplan con esa publicidad activa» y, de otro, «se ha denunciado directamente al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (CTPDA) o se han presentado recursos en éste», explica a LA RAZÓN Pedro Sánchez, uno de los portavoces de la organización. E incluso, en ocasiones, se ha recurrido a una tercera vía como el Defensor del Pueblo.

En relación a las reclamaciones, llevadas a cabo en todas las provincias, desde Ecologistas aseguran que «unas han recibido respuesta, sobre todo de ayuntamientos de Almería y de Sevilla, y otras sólo el silencio administrativo». Son pocos, apuntan, los consistorios que «han retrotraído el trámite para cumplir con la ley» y hay ejemplos de denegación de las reclamaciones «con argumentos muy poco sólidos», en opinión de esta entidad, como es el caso del Ayuntamiento de Motril, que resolvió una alegando que la norma no le era todavía de aplicación, cuando lo es desde 2015; o la de la Delegación de la Consejería de Medio Ambiente en Almería que, «mediante simple oficio», estimó que «la obligación es para publicar disposiciones normativas», según Ecologistas, que rechaza esa conclusión.

Con todo, lo más «preocupante» para esta organización es «la excesiva lentitud en resolver las muchas denuncias» que han dirigido al Consejo de transparencia, en teoría un organismo independiente que dirige Manuel Medina. Y ello pese a que, a menudo, lo advertido es «fácil» de contrastar «mirando los anuncios de los procedimientos en los correspondientes diarios oficiales y la falta de exposición pública en las sedes electrónicas». Esas denuncias superan las 60, dado que sólo en Almería se han puesto en torno a 40, cinco en Granada y en Sevilla unas 20, entre éstas y reclamaciones a las administraciones. En otras provincias como Cádiz, se ha optado por el recurso potestativo al propio CTPDA. Pero en la federación «verde» crece la «desconfianza» en torno a si este organismo «cumplirá con sus funciones o actuará con servilismo ante los que debe vigilar». De hecho, se plantean instar a los grupos parlamentarios a solicitar la comparecencia de Medina en la Cámara, si la situación no mejora. Ecologistas ve «lamentables» los «esfuerzos que hacen algunos responsables públicos para poner palos en la rueda de los avances democráticos», en vez de «aplicarse en el cumplimiento de los derechos de la ciudadanía». Saben que un soplo apenas mueve, pero muchos sí, así es que «pelearán» para que se garantice el derecho de participación pública.