La Policía apunta a «trato de favor» en contratos del Infoca

Todo comenzó por la denuncia el pasado agosto de un funcionario de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en la que alertaba de ciertas irregularidades que, a su juicio, podrían haberse cometido en un concurso de la Junta que tenía como finalidad la adquisición de medios aéreos para el Plan Infoca de 2015 a 2018 por un importe superior a los 62,8 millones. Escanciadas las acusaciones, la maquinaria legal se puso en marcha. El juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla abrió diligencias para determinar si existía responsabilidad penal en lo relatado por el denunciante sobre un presunto «amaño» de la Mesa de contratación. La Policía Judicial ha llevado a cabo ya, de hecho, varios informes en el marco de esas diligencias. LA RAZÓN ha tenido acceso a varios de ellos en los que los investigadores aseveran que «efectivamente existen indicios sólidos de colusión de empresas –pacto a dos para perjudicar a un tercero–» y que «efectivamente se omitió» la preceptiva por ley «comunicación» a la Agencia Andaluza de la Competencia, pese a que el abogado que participó en el proceso lo propuso.

La Policía señala en sus trabajos documentales que la «empresa que supuestamente viene siendo beneficiada en los concursos públicos» de la Administración autonómica es la cordobesa Faasa Aviación SA. Un presunto «trato de favor» que, aclaran los investigadores «se dio con mayor intensidad con anterioridad a 2009», según dedujeron del rastreo y el análisis de expedientes anteriores al correspondiente al contrato señalado por el funcionario. Se trata de una empresa presidida por Miguel Ángel Tamarit Campuzano, a quien los agentes vinculan al ex vicesecretario general del PSOE andaluz, Rafael Velasco. Es más, aseveran que debido a sus «relaciones impropias», el socialista «se vio obligado a dimitir». ¿A qué se refieren? En este punto, el proceso enlaza con otro presunto fraude que analizan varios juzgados de la comunidad: el de los cursos de formación. Velasco se apartó de la política en octubre de 2010 tras destaparse que la academia de su mujer, Aulacen Cinco, había recibido 726.209 euros en cuatro años para cursos de formación para desempleados, según admitió la Junta. En los informes policiales consultados por este periódico se asevera además que Tamarit «desvió la mitad de los ingresos de una subvención de fondos de formación» a la empresa de la esposa del socialista.

Tras meses de pesquisas, para la Policía Judicial lo «relevante» ya no es que en el expediente en el punto de mira, se presentara una sola empresa por los cinco lotes en los que se dividió el contrato y que siempre el más cuantioso fuera a parar a Faasa; «el nudo gordiano» se encuentra, a su juicio, «en la posible situación de favoritismo que viene dándose» a Faasa «durante los últimos diez años». Un periodo en el que supuestamente habría podido «recibir numerosas subvenciones y créditos» cuya legalidad, sostienen, «sea lo que verdaderamente quepa investigar», para descartar que haya exisistido prevaricación. Con el fin de avanzar, pidieron al juzgado que solicite documentos al Gobierno andaluz sobre ayudas y créditos concedidos a la firma cordobesa.